Descartan la petición de auditar en Getafe el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero por la polémica Ley de Nietos

 

(Foto: Alex Castellano).-

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha rechazado una proposición de Vox para solicitar una revisión de las inscripciones en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) relacionadas con la adquisición de la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos. 

La iniciativa reclamaba conocer las inscripciones correspondientes a Getafe, verificar los vínculos territoriales de los electores y solicitar a la Junta Electoral competente una auditoría de las inscripciones derivadas de esta vía de nacionalización.

La propuesta contó con el respaldo del Partido Popular, mientras que PSOE, Podemos y Más Madrid Compromiso con Getafe votaron en contra. El portavoz de Vox, José Manuel Fernández Testa, sostuvo que el censo electoral debe estar sometido a controles que permitan verificar la legalidad de las inscripciones. La concejala de Memoria Democrática, Elena Sánchez, advirtió de que las medidas judiciales relacionadas con esta cuestión pueden afectar al derecho al voto de miles de ciudadanos españoles. Por su parte, la popular Mirene Presas defendió que exigir controles no significa cuestionar el sufragio universal, mientras que la socialista Ángeles García acusó a Vox de sembrar sospechas sobre los descendientes de emigrantes y exiliados.

Vox: «Ni un solo voto bajo sospecha»

El portavoz de Vox, José Manuel Fernández Testa, defendió la proposición como una iniciativa para garantizar la transparencia electoral y reclamó al Gobierno municipal que se pronunciara contra lo que su grupo considera una ampliación indebida de las concesiones de nacionalidad española a través de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La formación cuestiona la interpretación de esta disposición recogida en una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022 y considera que las inscripciones electorales derivadas de este procedimiento deben someterse a una revisión.

«Cuando hablamos de censo electoral no estamos hablando de una cuestión administrativa más, estamos hablando de la columna vertebral de cualquier democracia», afirmó Fernández Testa durante su intervención.

El portavoz planteó varias preguntas sobre el control de las inscripciones de los españoles residentes en el extranjero: «¿Quién controla el censo, señores concejales?». A su juicio, la Administración debe garantizar que las personas inscritas cumplen los requisitos legales y que su adscripción electoral está debidamente justificada.

Fernández Testa puso como ejemplo el caso de un descendiente de españoles nacido en Argentina cuyos padres también hubieran nacido allí y cuyo antepasado emigrara desde España varias generaciones atrás. Con ese supuesto, cuestionó qué relación territorial debe justificar la inscripción electoral en España y reclamó información sobre los criterios aplicados.

«La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta política ni el acceso electoral en un instrumento al servicio de ningún gobierno», manifestó.

Vox pidió que el Ayuntamiento reclamara información sobre las personas incorporadas al CERA correspondientes a Getafe y que solicitara a la Junta Electoral una revisión íntegra de las inscripciones vinculadas a las concesiones de nacionalidad realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz insistió en que su propuesta no pretendía decidir quién puede votar, sino exigir que las inscripciones se ajusten a la legislación. «¿Dónde está el problema de comprobar que las inscripciones son correctas?», preguntó.

También reclamó que se verificara si existe una vinculación territorial suficiente con la circunscripción electoral y que se comprobara cuántas personas habían obtenido la nacionalidad por esta vía y cuántas habían sido incorporadas al censo de residentes ausentes.«No le pedimos que  vote por Vox, no se lo pedimos. Le pedimos que vote por la transparencia», afirmó dirigiéndose a la alcaldesa.

Fernández Testa concluyó su intervención defendiendo que el control del censo debe ser una garantía para todos los partidos y electores. «El voto es sagrado, señora alcaldesa; el censo también», señaló.

Más Madrid: «Están suspendiendo el derecho de sufragio»

La concejala de Memoria Democrática, Elena Sánchez, rechazó los argumentos de Vox y consideró que el debate planteado por la formación no puede limitarse a una cuestión administrativa, ya que afecta al ejercicio de derechos fundamentales.

«Esto debería ser un aviso a navegantes de lo que pueden hacer si llegan a tocar más poder», afirmó al comienzo de su intervención. Sánchez sostuvo que la controversia sobre la Ley de Nietos ha adquirido una dimensión que afecta a la igualdad del sufragio y al derecho de participación política de los españoles residentes en el extranjero.

La edil puso el foco en las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo sobre determinadas inscripciones electorales y advirtió de que sus consecuencias pueden extenderse más allá de las personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática.

«No estamos hablando estrictamente de la legislación que podrían considerar más ideológica, aunque es una cuestión de derechos humanos en memoria democrática», manifestó.

La concejala recordó que el CERA no está compuesto exclusivamente por descendientes de personas que se exiliaron durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. También incluye a españoles que emigraron por motivos económicos, a ciudadanos que se marcharon durante la crisis de 2008 y a descendientes de sefardíes que adquirieron la nacionalidad por otra vía legal.

En este sentido, cuestionó que se ponga en duda la legitimidad de las inscripciones relacionadas con la Ley de Nietos sin tener en cuenta el conjunto de situaciones que confluyen en el censo exterior.

Sánchez se refirió igualmente a las cifras sobre solicitudes de nacionalidad expuestas durante el debate. Según indicó, una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria fechada el 23 de septiembre situaba en aproximadamente 1,3 millones las solicitudes presentadas por esta vía, frente a los más de dos millones mencionados por Vox.

La edil utilizó también el precedente de los descendientes de sefardíes que obtuvieron la nacionalidad española desde 2015 para cuestionar que se atribuya a esta vía un problema electoral sin que, según defendió, se hayan planteado sospechas equivalentes. «Desde 2015 llevan votando los descendientes de sefardíes y nunca ha habido sospecha alguna de fraude electoral», señaló.

La concejala expresó su confianza en que la jurisdicción constitucional resuelva las cuestiones relativas a los derechos fundamentales que, a su juicio, están en juego. Advirtió de que, si los ciudadanos afectados no pueden participar en las próximas elecciones, podrían sufrir un perjuicio irreparable en su derecho de sufragio.

El PP: «Exigir un censo limpio no es atacar la democracia»

La concejala del Partido Popular Mirene Presas respaldó la iniciativa de Vox, aunque insistió en que la discusión no debe plantearse como un enfrentamiento entre el derecho al voto de los españoles en el extranjero y la necesidad de comprobar la legalidad de los procedimientos electorales.

«¿Puede una democracia exigir transparencia a todos menos a quienes tienen la responsabilidad de organizar sus elecciones? Para nosotros, la respuesta es clara: no», afirmó.

Presas defendió expresamente el derecho de los españoles residentes en el extranjero a participar en las elecciones de su país. «Los españoles que viven en el extranjero tienen derecho a participar en las elecciones de su país. Nadie cuestiona ese principio, siguen siendo españoles y merecen que sus derechos estén protegidos», señaló.

Sin embargo, la edil distinguió entre el reconocimiento del derecho al sufragio y la comprobación de que las inscripciones electorales se ajustan a la normativa. «Defender el sufragio universal no significa renunciar al rigor electoral, significa precisamente todo lo contrario», manifestó.

La concejala popular centró su intervención en la interpretación administrativa de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Según expuso, la cuestión que debe aclararse es si una instrucción posterior interpretó la ley de forma demasiado amplia y si se acreditaron individualmente los requisitos exigidos en determinados supuestos.

«No estamos hablando de si los nietos de españoles merecen o no merecen ser españoles. Estamos hablando de si la Administración aplicó correctamente la ley», afirmó.

Presas se refirió a la decisión del Tribunal Supremo del 12 de octubre de mantener la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a esta vía de nacionalización para las elecciones del 29 de noviembre, salvo en los casos en los que se acredite el exilio exigido.

La concejala sostuvo que el alto tribunal consideró que persistían dudas sobre la exactitud y transparencia del censo y cuestionó que la Administración hubiera acreditado suficientemente el cumplimiento de las instrucciones judiciales para revisar las inscripciones afectadas.

A partir de ese argumento, defendió que las administraciones deben contar con información verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales y actuar cuando existan dudas fundadas.

«No basta con responder que hay más electores porque se han concedido más nacionalidades. Hay que comprobar que cada procedimiento se ha ajustado a la ley», afirmó.

Presas insistió en que la propuesta no pretendía excluir a los españoles por residir fuera del país, sino reclamar que se cumplan las normas y las resoluciones judiciales. «Exigir un censo limpio no es atacar la democracia, es exigir que la democracia funcione», concluyó.

El PSOE: «La pregunta no debería ser qué votarán, sino si tienen derecho a hacerlo»

La concejala socialista Ángeles García rechazó la iniciativa y acusó a Vox de cuestionar el derecho de sufragio de los descendientes de españoles emigrados o exiliados por sus posibles preferencias políticas.

«¿Tienen ustedes tanto miedo? ¿Por qué tiemblan ante el voto de los españoles descendientes de emigrados o exiliados?», preguntó durante su intervención.

García planteó que detrás de la propuesta podría existir el temor a que estos ciudadanos no respaldaran electoralmente a las formaciones que promueven las restricciones. En este sentido, defendió que las preferencias políticas de los electores no pueden utilizarse para cuestionar sus derechos. «La pregunta no debería ser qué votarán esas personas, sino si tienen derecho a hacerlo», afirmó.

La concejala socialista sostuvo que restringir la participación de ciudadanos que ya han sido incorporados legalmente al censo puede afectar a la seguridad jurídica. También cuestionó que se pida revisar las inscripciones en función de sospechas sobre el procedimiento de adquisición de la nacionalidad.

«Aunque se supiera con certeza a quién votarían estos nuevos nacionalizados, ese nunca sería un caso que justificara restringir sus derechos», manifestó.

García recordó que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante el sufragio universal, la igualdad ante la ley y el deber de los poderes públicos de facilitar el voto de los españoles residentes en el extranjero.

La edil también acusó a Vox de utilizar expresiones como «fraude masivo» y «manipulación» sin que, a su juicio, se hayan acreditado las acusaciones que sustentan ese planteamiento. «No vamos a interferir en el trabajo de la Junta Electoral ni vamos a pedir a nadie que manosee el  censo», aseguró.

En su intervención, García cuestionó asimismo la posición del PP respecto a las resoluciones judiciales. Señaló que, a su entender, los populares invocan las decisiones del Tribunal Supremo cuando respaldan sus argumentos, pero las cuestionan en otros debates.

La concejala socialista concluyó defendiendo que el derecho al voto debe garantizarse con independencia del lugar de nacimiento de los ciudadanos o de la vía por la que hayan adquirido legalmente la nacionalidad.

«En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza», afirmó. «Para nosotros no existen españoles de primera y de segunda».