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La Junta de Gobierno local deja sin efecto la adjudicación del servicio de vigilancia privada y volverá a valorar las ofertas

 

(Foto: Alex Castellano).-



La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha acordado dejar sin efecto la adjudicación del servicio de vigilancia privada de edificios, instalaciones, dependencias y bienes municipales que había sido aprobada el pasado 12 de agosto a favor, por lo que el procedimiento volverá al momento de valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

La decisión se ha adoptado después de analizar el informe del Comisario Principal Jefe de la Policía Local, fechado el 21 de septiembre de 2026, junto con el resto de documentación incorporada al expediente de contratación.

Se anula la adjudicación aprobada el 12 de agosto

El acuerdo de la Junta de Gobierno deja expresamente sin efecto la resolución adoptada el 12 de agosto, mediante la que se habían clasificado las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento y, como consecuencia de esa clasificación, se había adjudicado el contrato y dispuesto el gasto.

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia de edificios, instalaciones, dependencias y bienes de titularidad o responsabilidad del Ayuntamiento de Getafe.

La nueva resolución supone, por tanto, que la adjudicación realizada en agosto queda sin efecto y el procedimiento debe continuar desde una fase anterior de la licitación.

El expediente retrocede hasta la valoración de las ofertas

El segundo punto del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno establece “retrotraer las actuaciones” del expediente al momento de valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

Esto significa que el Ayuntamiento deberá volver a analizar las propuestas de las empresas que concurrieron al procedimiento antes de adoptar las decisiones posteriores que correspondan dentro de la contratación.

La medida se produce después del informe emitido por la Jefatura de la Policía Local el 21 de septiembre, que figura entre la documentación examinada para adoptar el acuerdo.

Un contrato de 483.000 euros y tres años

El procedimiento afecta a un contrato cuyo importe previsto asciende a 483.000 euros durante tres años y que contempla un servicio de vigilancia y seguridad privada no armada en edificios, instalaciones, dependencias y bienes municipales.

El servicio puede ser requerido todos los días del año y durante las 24 horas, en aquellos lugares, instalaciones y jornadas que determine el Ayuntamiento.

Entre las funciones previstas se encuentran la vigilancia y protección de los espacios municipales, el control de accesos y salidas de personas, vehículos y objetos, la supervisión de zonas reservadas para vehículos autorizados y las labores de prevención de hechos delictivos.

Un procedimiento que ya había estado suspendido

La tramitación del contrato ya había sufrido anteriormente una suspensión cautelar por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, después de que una de las empresas licitadoras presentara un recurso contra la adjudicación acordada en el procedimiento.

El recurso fue finalmente rechazado y el Tribunal levantó la suspensión, permitiendo continuar con la tramitación. Sin embargo, el Ayuntamiento ha acordado ahora dejar sin efecto la adjudicación de agosto y retrotraer el expediente a la fase de valoración de las ofertas.

La vigilancia incluye control de accesos y emergencias

El pliego establece que el personal de vigilancia deberá actuar bajo las directrices de la delegación municipal competente en materia de Seguridad Ciudadana y contempla también su colaboración con los servicios públicos en situaciones de emergencia.

En caso de producirse hechos delictivos, el personal deberá poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas del delito, sin que pueda proceder al interrogatorio de las personas detenidas o puestas a disposición policial.

El expediente exige además que los trabajadores actúen bajo principios de integridad, dignidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Formación, 200 horas adicionales y protocolo de emergencia

Entre las mejoras incluidas en la oferta que había resultado adjudicataria figuraban un plan de formación, una bolsa de 200 horas y un protocolo de emergencia.

La empresa había planteado asimismo bajas del 21,69% en los precios unitarios del tipo A, del 25,46% en los del tipo B y del 25,12% en los del tipo C.



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