La Junta de Gobierno local aprueba suspender temporalmente el proceso de contratación de un servicio de seguridad privada

(Foto: Alex Castellano).-

La Junta de Gobierno local ha aprobado suspender el proceso de licitación y retrotraer las actuaciones del expediente publicado en la Plataforma de Contratación Pública el 6 de febrero de 2026 para contratar el servicio de vigilancia de edificios, instalaciones, dependencias y bienes de titularidad o responsabilidad del Ayuntamiento de Getafe, al momento anterior a la aprobación de los pliegos de prescripciones técnica y cláusulas administrativas, según el acta al que ha tenido acceso El Periódico de Getafe.

También se ha acordado rectificar el documento de criterios de adjudicación, denominado anexo II al pliego de cláusulas administrativas particulares, para contratar este servicio, así como el propio pliego de cláusulas administrativas particulares en lo que pudiera verse afectado. 

El sindicato UGT presentó alegaciones al considerar que los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos “no se ajustaban a la normativa vigente en materia de contratación pública, al otorgar un peso del 80 % a la oferta económica, relegando los criterios de calidad del servicio por debajo de los mínimos exigidos legalmente en contratos del sector de la seguridad privada”, según señalaron en un comunicado.

El Ayuntamiento licitó por 483.000 euros durante tres años este servicio de vigilancia y seguridad privada, y no armada, en más de un centenar de edificios, instalaciones, dependencias y bienes de titularidad municipal, como centros cívicos, polideportivos y colegios.

Los servicios se llevarán a cabo bajo las directrices que se indiquen desde la delegación competente en materia de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe, y podrán ser requeridos todos los días del año, durante las 24 horas del día, en las jornadas y lugares que previamente se determinen.

En el expediente de contratación se indica que el contratista velará porque el personal adscrito al servicio se atenga en su actuación a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias, actuando con congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles “y responderán de los daños y perjuicios causados, en caso de una actuación contraria a la normativa vigente y a lo anteriormente expuesto”. 

Entre sus obligaciones estarán el control de accesos y de salida de personas, vehículos y objetos, sin que en ningún caso se pueda retener la documentación personal, así como el control de los diferentes reservados existentes para vehículos autorizados o la prevención de la comisión de hechos delictivos.

También para salvaguardar a las personas y a las propiedades objeto de protección de los riesgos que en un momento determinado puedan afectarles, actuando en el caso de cualquier circunstancia o emergencia que pueda afectar a su integridad. Además, colaborar con los diferentes servicios públicos en situaciones de emergencia y “poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas del delito, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos”.