El juez decano de los Juzgados de Getafe, Francisco Javier Achaerandio, ha solicitado nuevas dependencias y un aumento de plantilla, según consta en la memoria de 2017 del partido judicial de Getafe que ha remitido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En el preámbulo del informe, se constata una situación de “empeoramiento paulatino y sistemático pues existe, ya no solo una absoluta dejación por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a la realización de las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en este partido judicial, sino un abandono total del mantenimiento de las instalaciones, medios personales y materiales”.
Según el juez decano, existe “una sobrecarga de trabajo, en general, en todos los órdenes jurisdiccionales, lo que exige que se amplíe la Planta Judicial”, que consta de 8 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y cinco de lo Penal.
Por ello, se considera necesaria la creación de otro Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y se estima como urgente y prioritaria la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal, dado que los actuales están “sobrecargados”, así como asignarles dos jueces de refuerzo, según consta en la memoria a la que ha tenido acceso EPG.
También se destaca como conveniente aumentar la plantilla de los Juzgados de los Penal con un funcionario más por cada categoría, es decir, un gestor, un tramitador y otro del cuerpo de auxilio judicial, así como un fiscal y un médico forense, pues los asignados para todos los Juzgados son “insuficientes”.
Asimismo, se pone de manifiesto la existencia de numerosas plazas cubiertas por funcionarios interinos, que acceden al puesto “sin una formación básica en el manejo de las herramientas de trabajo y sin cursillo alguno, con el consiguiente perjuicio en el normal funcionamiento del Juzgado”.
El juez decano considera urgente la creación de un nuevo edificio o la realización de obras para albergar a todos los Juzgados en un solo edificio, “dado el coste de personal y económico, siendo la deslocalización de las sedes un obstáculo para la instauración de la nueva oficina judicial y para la habilitación de nuevos Juzgados y servicios”.