La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Getafe ha recurrido la convocatoria de la Bolsa de Empleo de Administrativos para cubrir las necesidades de personal funcionario interino en el Ayuntamiento y ha solicitado la suspensión del procedimiento por “vulneración de derechos”.
Según CCOO, el procedimiento podría haber vulnerado el artículo 23.2 de la
Constitución que reconoce como derecho fundamental de la ciudadanía el acceso “en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
Asimismo, han recordado que, según la normativa vigente, el sistema selectivo establecido para la selección de personal funcionario interino es el de oposición o concurso-oposición, debiendo incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sin embargo, las bases aprobadas por la Junta de Gobierno local establecen que el procedimiento se ajuste al sistema de concurso, “un procedimiento que la ley permite solo con carácter excepcional y que esta vez el Gobierno Municipal no ha invocado ni motivado, al contrario de lo que ha hecho en otras ocasiones”.
A juicio de CCOO, solo se valora la antigüedad por servicios prestados como administrativos o auxiliares administrativos en la Administración local, cuando debería haberse hecho extensivo al resto de administraciones públicas, por lo que “se atentaría contra el principio de igualdad recogido en la Constitución”.
Por otra parte, las bases “incumplen” el Estatuto Básico del Empleado Público y diversa legislación que es de aplicación, así como el Acuerdo del Personal Funcionario y otros acuerdos vigentes en el Ayuntamiento.
Por todo ello, consideran que las bases “serían nulas de pleno derecho”, por lo que CCOO presenta el recurso y solicita la suspensión del procedimiento selectivo con el fin de evitar “graves perjuicios de imposible o difícil reparación, tanto para quienes participen en el concurso como para la propia Administración”.
Con este recurso, CCOO ha señalado que también pretende evitar “la injusticia cometida contra las auxiliares administrativos a las que el Gobierno Municipal no reconoce las verdaderas funciones que realizan, impidiendo, mediante la aprobación de la Bolsa de Administrativo, su derecho a la carrera profesional”.