La alcaldesa ve indicios de posible malversación de fondos públicos en la anterior gestión municipal
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha manifestado este jueves que hay indicios de posible malversación de fondos públicos en la gestión del anterior Gobierno municipal, lo que justifica la puesta en marcha de una auditoría, tanto en el Ayuntamiento de Getafe como en las empresas públicas.
Sara Hernández ha asegurado en rueda de prensa que la auditoría se realizará por dos vías, por un lado una auditoría financiera y de legalidad en colaboración con la Intervención del Ayuntamiento, y por otro lado una auditoría externa, operativa y de gestión, a través de la adjudicación a una empresa independiente mediante un procedimiento abierto.
Según Hernández, en los dos meses y medio que llevan en el Gobierno han visto que “existe justificación suficiente para realizarla, pues ha habido gastos desorbitados o de dudosa procedencia”.
En este sentido, ha señalado que la auditoría “analizará los gastos en publicidad y propaganda, que han supuesto cerca de dos millones y medio de euros durante la anterior legislatura”.
Otros costes que se analizarán “son el gasto en taxis durante fines de semana y fuera del horario laboral por parte de cargos de confianza, que en algún caso han supuesto cerca de 2.500 euros en sólo tres meses y podrían ser constitutivos de malversación de dinero público”.
Además se analizarán las deudas y contratos con grandes almacenes para el suministro de bebida y comida al Ayuntamiento, y lo ocurrido en la empresa municipal GISA donde durante dos años se ha pagado el alquiler de una antigua galería comercial en la calle Estudiantes por un importe de 48.000 euros “sin que haya sido utilizado para nada”.
La alcaldesa ha subrayado que en la empresa municipal de limpieza LYMA se han realizado durante la pasada legislatura 256 nuevas contrataciones, entre los cambios de contrato y las nuevas incorporaciones, y de esta cifra, hasta 141 se realizaron en el año 2015, antes del periodo electoral, “principalmente en personal directivo y en el departamento de administración”.
También en la empresa municipal de limpieza, “el antiguo gerente y la jefa de personal se autoimpusieron un plus de disponibilidad de 1.500 euros mensuales en junio de 2015 y ahora reclaman el reconocimiento de dicho plus desde el inicio de la relación laboral hace cuatro años”.
“Todos estos indicios son más que suficientes para la puesta en marcha de la citada auditoría, que permita acabar con el despilfarro y propicie una mejor gestión del propio Ayuntamiento”, ha agregado.
Asimismo, se ha referido a los procedimientos judiciales que están abiertos sobre contratos adjudicados por el anterior Gobierno Municipal, “siendo los más señalados son los que se refieren a la Operación Púnica, con Coffely, Waiter Music o Hard News, y todo lo que significa esa supuesta mejora de la contratación, cuando lo que se pretendía era un espionaje político a través de un fraccionamiento de contratos”.