La UTE Posmocan recurre en los tribunales la multa impuesta por el Ayuntamiento por no pagar las expropiaciones de Los Gavilanes
La UTE Posmocan Los Gavilanes ha recurrido en los tribunales la multa de 867.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por no pagar las expropiaciones de suelo del polígono industrial Los Gavilanes.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid ha emplazado al Ayuntamiento a que remita el expediente y se persone en el procedimiento interpuesto por Posmocan contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2014, por el que se desestimaba el recurso de reposición contra el acuerdo de 25 de febrero de 2014, por el que se imponía a esta UTE una multa coercitiva.
La sanción se debía al incumplimiento del requerimiento relativo al pago del justiprecio e intereses pendientes de abono derivados del “Proyecto de Expropiación del Plan Parcial del Sector U.P.C “Los Gavilanes” y del Plan Especial de Infraestructuras Externas.
La UTE Posmocan es la adjudicataria de la gestión y urbanización de 2 millones de metros cuadrados del polígono industrial Los Gavilanes, inaugurado el pasado 2 de marzo entre la M-50 y la autovía de Andalucía (A-4), que cuenta con siete kilómetros de viales que unen las diferentes zonas comerciales e industriales, y tiene una capacidad para 300 empresas con una previsión de creación de empleo de cerca de 15.000 puestos de trabajo.
60 MILLONES DE INVERSIÓN
El Pleno municipal de Getafe aprobó en julio de 2008 la adjudicación de la urbanización del polígono Los Gavilanes a la U.T.E Posmocan con una inversión de 60 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años.
El proyecto de urbanización contemplaba el sellado de un antiguo vertedero de basuras y residuos siderúrgicos, que llevaba más de 30 años cerrado, la plantación de árboles y arbustos autóctonos y la construcción de ‘un cajón cubierto’ para que el AVE pase soterrado por el parque empresarial.
La Junta de Gobierno local acordó el 4 de junio de 2013 requerir a la U.T.E. Posmocan la ejecución inmediata de las obligaciones pendientes de cumplimiento, como el pago de las expropiaciones, por un importe aproximado de 700.000 euros, y el abono al Ayuntamiento de 610.169 euros más el IVA correspondiente.
También la entrega de las parcelas perfectamente urbanizadas y libres de cargas, la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación y el pago de los impuestos devengados, debidos y que no habían sido abonados.