Afectados por la quiebra de una promotora de viviendas se concentran en la plaza del Ayuntamiento
Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Getafe para pedir la mediación del alcalde de la localidad, Juan Soler, en la búsqueda de una solución a 140 viviendas sin terminar en Los Molinos por quiebra de la promotora.
Los afectados adquirieron un inmueble en la parcela A5, empezando a entregar cantidades a cuenta en 2007, y llevan cerca de dos años esperando que les entreguen sus viviendas por las que ya han pagado unos 60.000 euros cada uno.
La portavoz de la plataforma de afectados A5 Los Molinos, Ruth Holgado, ha asegurado que han decidido movilizarse porque se trata de un “secuestro en toda regla”, y ha agregado que su situación es “sangrante”, ya que la promotora Gestesa está en concurso de acreedores y corren el riesgo de quedarse sin pisos y sin dinero porque nadie quiere hacerse cargo de terminar las obras, que están al 93 por ciento.
Además, el préstamo promotor gestionado por Bankia ha sido traspasado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) con quien están ahora negociando un descuento sobre el crédito hipotecario.
Según Holgado, decidieron “hacer un esfuerzo titánico” y ser ellos mismos los que financiaran lo que queda de la obra, para lo que SAREB proponía en diciembre de 2013 una quita de hasta 3,1 millones de euros, que los afectados han aceptado, pero todavía no han recibido respuesta, por lo que quieren que el alcalde medie y consiga definitivamente una solución.
Los barrios de Los Molinos-Buenavista fueron desarrollados a través de un consorcio urbanístico constituido al 60 por ciento por la Comunidad de Madrid y el 40 por ciento el Ayuntamiento de Getafe.
En la parcela A5, el promotor era inicialmente una unión temporal de empresas promovida por la UTE Xetaf-Conviprom-Tamesis, que ante su situación económica y la imposibilidad de conseguir financiación traspasó la promoción a Gestesa, que renunció a los más de 40.000 euros que los vecinos ya llevaban pagados entonces, y que fue autorizado por el consorcio urbanístico.