La alcaldesa defiende que retirar las pancartas de los colegios no soluciona los problemas de la educación pública y se suma a otros ayuntamientos socialistas que no cumplirán las instrucciones sobre neutralidad de la CAM
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| (Foto: Alex Castellano).- |
La alcaldesa de Getafe muestra su apoyo al profesorado y a las familias frente a las nuevas instrucciones de neutralidad de la Comunidad de Madrid, que prohíben utilizar las instalaciones y los recursos de los centros para exhibir mensajes de posicionamiento político, sindical o ideológico.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha defendido que retirar las pancartas de los colegios públicos no resuelve los problemas de la educación pública y ha mostrado su respaldo al profesorado y a las familias ante las nuevas instrucciones aprobadas por la Comunidad de Madrid sobre neutralidad institucional y docente en los centros educativos no universitarios.
«Nuestros trabajadores municipales están para cuidar los colegios, no para silenciar a quienes los defienden. Todo mi apoyo al profesorado y a las familias. Ayuso debe escucharles: retirar pancartas no resuelve los problemas de la educación pública», ha señalado Hernández en sus redes sociales.
La declaración de la regidora se produce después de que la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, haya publicado unas instrucciones que establecen qué comportamientos están permitidos y cuáles quedan prohibidos en los centros públicos. El documento fue firmado digitalmente el 19 de noviembre de 2026 por el viceconsejero José Carlos Fernández Borreguero y entró en vigor al día siguiente.
Las directrices son de obligado cumplimiento para el personal docente y de administración y servicios de los centros públicos no universitarios de la región. Su objetivo declarado es garantizar la neutralidad institucional y evitar el adoctrinamiento del alumnado, pero otros ayuntamientos socialistas como Alcorcón también lo han rechazado.
Prohibición de pancartas y símbolos en fachadas y espacios comunes
Uno de los apartados más relevantes de las instrucciones afecta a la utilización de las instalaciones escolares para exhibir mensajes relacionados con conflictos políticos, ideológicos o sindicales.
La Comunidad de Madrid establece que no se pueden colocar o mostrar en las fachadas, vallas, espacios comunes o canales institucionales elementos que puedan atribuir al centro educativo una adhesión institucional a partidos, candidaturas, organizaciones o determinadas posiciones en un conflicto.
La restricción alcanza a pancartas, carteles y símbolos de parte, con la excepción de los tablones sindicales habilitados en los espacios reservados al personal y conforme a la normativa vigente.
El documento también establece que, cuando existan elementos colocados por terceros en fachadas o vallados municipales, la dirección del centro no debe retirarlos por iniciativa propia, sino comunicarlo a la Dirección de Área Territorial correspondiente.
Esta cuestión conecta directamente con las declaraciones de Sara Hernández, que ha defendido la labor de los trabajadores municipales en el mantenimiento y cuidado de los colegios y ha rechazado que su función sea silenciar las reivindicaciones de la comunidad educativa.
Qué conductas prohíbe la nueva normativa
Las instrucciones desarrollan una definición de adoctrinamiento como el uso de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o conseguir la adhesión de los alumnos a una determinada opción política, ideológica o sindical.
A partir de esa definición, el documento establece varias prohibiciones:
Proselitismo en las aulas: el profesorado no puede utilizar las clases, tutorías, tareas, lecturas, exámenes o actividades complementarias para promover una opción política, ideológica o sindical ni intentar conseguir apoyos en un conflicto.
Movilización del alumnado: queda prohibido pedir, animar o presionar a los estudiantes para que participen en protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas.
Señalamientos por secundar una huelga: no se pueden realizar comentarios, juicios de valor o señalamientos ante los alumnos o sus familias sobre los trabajadores que decidan acudir a la huelga o prestar sus servicios.
Uso de medios oficiales: no se podrán utilizar plataformas educativas como Raíces, Roble o EducaMadrid, páginas web institucionales, redes sociales, circulares o correos corporativos dirigidos a las familias para difundir manifiestos o mensajes partidistas relacionados con conflictos.
Materiales y recursos escolares: tampoco se podrán utilizar las fotocopiadoras, el papel, los equipos informáticos u otros recursos del centro para elaborar o distribuir propaganda.
Intervenciones externas: se prohíbe invitar durante el horario lectivo a personas ajenas a la plantilla para realizar intervenciones de carácter proselitista o destinadas a movilizar al alumnado.
Las restricciones también se extienden a las comunicaciones que los docentes mantengan con sus alumnos en su condición de profesores a través de plataformas, grupos de mensajería o redes sociales.
Qué puede seguir haciendo el profesorado
Las instrucciones también especifican qué actuaciones siguen estando permitidas para evitar que el deber de neutralidad se interprete como una prohibición general de expresar opiniones o ejercer derechos sindicales.
En este sentido, la Comunidad de Madrid reconoce expresamente que los docentes conservan sus derechos de huelga, libertad sindical, libertad de expresión y libertad de cátedra. También establece que el uso de prendas, chapas, lazos u otros distintivos personales no constituye por sí mismo un incumplimiento de las instrucciones, siempre que no vaya acompañado de actuaciones prohibidas dirigidas al alumnado.
Además, si los estudiantes preguntan por un conflicto político, ideológico o sindical, los profesores podrán responder con información objetiva, breve y adaptada a su edad, sin intentar convencerles de una determinada posición.
En el ámbito sindical, las organizaciones y sus representantes podrán seguir utilizando los tablones habilitados en los espacios reservados al personal y celebrar reuniones conforme a la normativa. También podrán enviar comunicaciones laborales o sindicales mediante el correo corporativo, siempre que estén dirigidas exclusivamente a los trabajadores.
Por su parte, las direcciones de los centros podrán informar a las familias y a los alumnos sobre los horarios, los servicios mínimos y la organización del colegio o instituto durante las jornadas de huelga.
Control de las actividades y materiales educativos
Las nuevas directrices también afectan a las actividades complementarias, las charlas, los talleres y las salidas escolares. Todas ellas deberán tener una finalidad pedagógica clara, estar vinculadas al currículo y figurar en la Programación General Anual del centro.
Las direcciones deberán comprobar que las colaboraciones externas no tengan carácter partidista. Asimismo, los materiales didácticos tendrán que seleccionarse atendiendo a criterios pedagógicos y científicos.
La normativa impide utilizar materiales elaborados por una de las partes de un conflicto como propaganda para orientar la opinión de los menores. Sin embargo, permite emplearlos como fuentes de análisis dentro de una actividad curricular, siempre que se identifique su autoría y naturaleza, se contextualicen y no se busque la adhesión de los alumnos.
La misma limitación se aplica a los actos organizados por los centros, como festivales, graduaciones, jornadas o celebraciones, que no podrán convertirse en espacios para difundir posicionamientos partidistas o mensajes de apoyo a alguna de las partes de un conflicto.
Un procedimiento para comunicar posibles incumplimientos
Otro de los aspectos destacados del documento es el procedimiento establecido para comunicar posibles vulneraciones de las instrucciones.
Las familias, los alumnos y el personal de los centros podrán trasladar sus quejas a la dirección o a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Las direcciones, por su parte, deberán comunicar las incidencias a través de los registros oficiales, utilizando un modelo incluido como anexo en las instrucciones.
El documento establece que las comunicaciones deben limitarse a describir hechos objetivos conocidos, sin realizar investigaciones por cuenta propia ni incorporar información sobre la participación individual de los trabajadores en una huelga o su afiliación sindical.
La Inspección Educativa realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación. Si decide intervenir, deberá actuar con criterios de objetividad, proporcionalidad y confidencialidad, y escuchar al docente afectado antes de emitir sus conclusiones.
Las instrucciones también precisan que no se abrirán actuaciones por simples discrepancias pedagógicas o reclamaciones relacionadas con las calificaciones académicas.
En cuanto a las posibles sanciones, la Comunidad aclara que el documento no crea nuevas infracciones administrativas ni amplía las ya existentes. No obstante, los incumplimientos que puedan encajar en las infracciones previstas legalmente podrán derivar en responsabilidades disciplinarias conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y a la normativa de función pública regional.
La alcaldesa reclama que se escuche al profesorado
Con este nuevo marco de actuación, las declaraciones de Sara Hernández sitúan el debate sobre las pancartas y los carteles de los colegios en el contexto del conflicto que mantiene la comunidad educativa con el Gobierno regional.
La alcaldesa ha defendido que los trabajadores municipales deben centrarse en el mantenimiento de los centros y ha expresado su apoyo a los docentes y las familias que reclaman mejoras para la enseñanza pública.
Su mensaje concluye con una petición directa a la presidenta regional: «Ayuso debe escucharles», insistiendo en que la retirada de pancartas no resuelve los problemas de la educación pública.
