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El Ayuntamiento pacta pagar dos millones de euros para evitar un juicio por los terrenos del fallido campo de golf

 


El Ayuntamiento reduce en más de un 50% la reclamación inicial de la empresa, que ascendía a 3,88 millones de euros, por una permuta de terrenos firmada en 2005. El acuerdo pone fin al compromiso municipal de entregar 4.534 metros cuadrados edificables en Perales del Río.

El Ayuntamiento de Getafe ha acordado pagar dos millones de euros a una empresa para evitar llegar a juicio por el incumplimiento de una permuta de terrenos vinculada al proyecto de construcción de un campo de golf que nunca llegó a ejecutarse. La empresa reclamaba inicialmente 3.888.675 euros, además de intereses y costas procesales, por lo que el acuerdo supone reducir la cantidad exigida en más de un 48%.

La Junta de Gobierno Local aprobó el acuerdo transaccional en su sesión ordinaria del pasado 18 de noviembre. La resolución permite cerrar un conflicto urbanístico que se prolonga desde hace más de dos décadas y evita que el Consistorio tenga que afrontar una nueva sentencia judicial relacionada con aquella operación.

El pacto establece que el Ayuntamiento abonará dos millones de euros a la mercantil, que, a cambio, renunciará a reclamar cualquier otra cantidad por intereses, costas o cualquier otro concepto. Además, quedará resuelto definitivamente el contrato de permuta firmado en 2005 y el Consistorio dejará de estar obligado a entregar los terrenos edificables que había comprometido.

Una permuta de terrenos que se remonta a 2005

El origen del conflicto está en los convenios de permuta y las escrituras públicas suscritas el 13 de mayo de 2005 entre el Ayuntamiento de Getafe y varios propietarios de terrenos afectados por la planificación de un campo de golf que finalmente no se construyó.

En el caso de esta empresa, el Consistorio adquirió la propiedad de unas parcelas de la mercantil a cambio de comprometerse a entregarle, en un plazo máximo de cinco años, 4.534 metros cuadrados de suelo edificable de uso residencial colectivo libre procedentes del desarrollo del Plan de Sectorización de Perales del Río.

Sin embargo, el plazo transcurrió sin que se materializase la entrega de los terrenos. El 14 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno Local aprobó una prórroga general para los propietarios afectados, una decisión que terminó dando lugar a distintas reclamaciones administrativas y judiciales.

La empresa presentó varios escritos solicitando la finalización del acuerdo y formalizó la resolución del contrato el 6 de febrero de 2015.

Una reclamación de casi 3,9 millones de euros

El procedimiento judicial que ahora se pretende cerrar se inició con la demanda presentada por la empresa, que reclamó 3.888.675eur os de principal, calculados a razón de 857 euros por metro cuadrado edificable, además de los intereses y las costas correspondientes.

La mercantil tomó como referencia los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia 1201/2024, de 30 de septiembre, que condenó al Ayuntamiento de Getafe a indemnizar con 10.474.723eur os, más intereses legales, a una mutualidad, otro de los propietarios afectados por la misma operación urbanística.

La demanda fue notificada al Ayuntamiento el 24 de marzo de 2026. El Consistorio presentó su contestación el 21 de abril y el 1 de junio se celebró la audiencia previa. Durante esta última comparecencia, el juzgado instó a las partes a buscar una solución negociada.

El uso de los terrenos reduce la indemnización

Uno de los elementos determinantes para rebajar la cantidad reclamada fue la situación particular de la empresa respecto a los terrenos incluidos en la permuta.

Según el informe jurídico municipal, la empresa nunca llegó a entregar físicamente la posesión de los inmuebles objeto del acuerdo y continuó disfrutando de ellos durante todos estos años.

Esta circunstancia permitió introducir una deducción económica por el uso y la posesión continuada de las propiedades. Para calcular los dos millones de euros pactados, las partes tomaron como referencia los 1.634.228 euros en los que se había valorado inicialmente la prestación de la empresa en la escritura pública de 2005, añadieron los intereses devengados desde el 6 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2026 y descontaron el valor de mercado estimado por el disfrute de los inmuebles.

El informe del letrado consistorial, fechado el 18 de noviembre, advertía de que continuar con el procedimiento judicial suponía una «alta probabilidad» de condena por una cantidad muy superior a la finalmente acordada, además del riesgo de tener que asumir importantes costas procesales.

El documento consideraba que ese escenario podía provocar un «evidente menoscabo de las arcas municipales», por lo que respaldaba la solución negociada.

Dos millones consignados en el presupuesto municipal

El Ayuntamiento ya había preparado la financiación necesaria para afrontar este pago. El Pleno municipal aprobó el 23 de septiembre de 2026 el expediente de modificación de crédito que fue publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de octubre.

Posteriormente, el 30 de octubre se expidió una retención de crédito por valor de dos millones de euros, con cargo a la partida denominada «Otros gastos diversos» del presupuesto municipal de 2026.

El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno autoriza al letrado consistorial a presentar y firmar el escrito conjunto ante el juzgado para solicitar la homologación judicial de la transacción.

El pago no será inmediato. Queda condicionado a que el juzgado dicte el correspondiente auto de homologación. Una vez que el Ayuntamiento reciba la notificación, dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales para abonar los dos millones de euros.


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