Anulados los pliegos del contrato de actividades infantiles tras estimar el Tribunal de Contratación un recurso de una empresa
El Ayuntamiento deberá redactar unas nuevas condiciones para contratar el servicio, cuyo valor estimado asciende a 565.000 euros, después de que el Tribunal considerase que no estaba justificada la exigencia de una certificación de seguridad informática de categoría media.
El Ayuntamiento de Getafe procederá a anular los pliegos del contrato para la prestación de actividades infantiles durante el curso escolar y elaborar unos nuevos que incorporen las consideraciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Así lo recoge una diligencia de la jefa del Servicio de Contratación, emitida después de recibir la resolución que estima el recurso especial presentado por una empresa.
El procedimiento corresponde al contrato del Servicio de actividades para la infancia de la Delegación de Infancia y Educación, cuyo valor estimado asciende a 565.000 euros y que contemplaba un periodo de ejecución comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2028.
La licitación se publicó el 24 de septiembre de 2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante un procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación. Al concurso concurrieron cuatro empresas, entre ellas la que presentó un recurso especial contra los pliegos el pasado 8 de octubre.
La exigencia del certificado de seguridad, en el centro del recurso
El motivo principal de la impugnación fue la exigencia de que las empresas licitadoras dispusieran de una certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría media.
La empresa recurrente consideraba que este requisito no estaba suficientemente justificado por las características del servicio, que incluye actividades presenciales y socioeducativas para menores, como ludotecas, clases de apoyo y actividades extraescolares, entre otras.
Además, sostenía que el contrato no contemplaba el desarrollo de programas informáticos, la cesión de sistemas de información ni la gestión de plataformas municipales. También argumentaba que los datos tratados se limitaban fundamentalmente a listados de asistencia y datos identificativos de los alumnos.
Por ello, entendía que exigir una certificación ENS de categoría media podía resultar desproporcionado y solicitaba la anulación de la cláusula correspondiente.
El Ayuntamiento defendió la necesidad de la certificación
Durante la tramitación del recurso, el Ayuntamiento de Getafe defendió la legalidad de la exigencia. El órgano de contratación argumentó que la prestación implicaba el tratamiento de datos personales por cuenta municipal y que la documentación contractual identificaba al adjudicatario como encargado del tratamiento.
En este sentido, el Consistorio señalaba que la información podía incluir no solamente datos identificativos, sino también datos académicos y educativos, información de contacto de padres, madres y tutores legales y datos especialmente protegidos relacionados con la salud.
El Ayuntamiento también defendió que el Esquema Nacional de Seguridad podía resultar aplicable aunque la empresa adjudicataria no desarrollase programas informáticos ni gestionase directamente las plataformas municipales, siempre que utilizase sistemas propios o de terceros para tratar información municipal.
Además, consideraba que la presencia de menores entre las personas afectadas justificaba extremar las medidas de protección de la información.
El Tribunal cuestiona la falta de justificación previa
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid estimó el recurso al considerar que el expediente de contratación no contenía una justificación técnica previa de la exigencia de la certificación ENS en categoría media.
La resolución, fechada el 29 de octubre de 2026, señala que el informe técnico de la contratación no hacía ninguna referencia a la habilitación exigida ni justificaba por qué era necesario ese nivel de seguridad.
El Tribunal recuerda que el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los expedientes deben justificar adecuadamente los elementos esenciales de la contratación, incluidos los requisitos exigidos a las empresas participantes.
Asimismo, subraya que la motivación de estas condiciones debe ser conocida por los posibles interesados antes de presentar sus ofertas.
Uno de los aspectos determinantes de la resolución es que las explicaciones aportadas posteriormente por el Ayuntamiento durante la tramitación del recurso no pueden subsanar la ausencia de una justificación previa en el expediente.
El Tribunal no cuestiona con carácter general la posibilidad de exigir el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, sino la falta de motivación que respaldase la exigencia concreta de la categoría media en esta licitación.
Anulación de los pliegos y nueva licitación
En su parte dispositiva, el Tribunal acuerda estimar el recurso presentado y anular los pliegos que regían la contratación del servicio de actividades infantiles.
También acuerda levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación que había establecido mediante una resolución de medidas provisionales del 15 de octubre de 2026.
Tras recibir la resolución, la jefa del Servicio de Contratación ha dejado constancia de que el Ayuntamiento procederá a la anulación de los pliegos y a la elaboración de otros nuevos que recojan todas las consideraciones indicadas por el Tribunal.
De esta manera, el Consistorio tendrá que rehacer las condiciones de la contratación antes de continuar con el procedimiento para adjudicar un servicio destinado a desarrollar actividades para la infancia durante el curso escolar.
La resolución del Tribunal es definitiva en vía administrativa, aunque puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la recepción de la notificación.