La Junta de Gobierno local amplía en 1,4 millones el contrato de 12,8 millones de euros para el mantenimiento de calles y saneamiento
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| (Foto: Alex Castellano).- |
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una modificación del contrato de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento, adjudicado hace seis meses por 12,8 millones de euros durante cuatro años a una UTE formada por tres empresas, que supondrá destinar 1,4 millones de euros durante 2026 a este servicio municipal.
El acuerdo amplía en un 10,938% los importes previstos para el ejercicio 2026 y autoriza y dispone un gasto de 1.400.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria destinada a la reparación, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales.
La modificación se tramita a partir de un informe técnico de la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado, fechado el 11 de septiembre de 2026, y cuenta con la conformidad de la contratista, emitida el 28 de julio. El expediente incluye también un informe de Planificación y Gestión Económica del 14 de agosto, otro de la Asesoría Jurídica del 22 de septiembre y el informe 2026/371 de la Intervención General Municipal, del 19 de octubre.
El acuerdo establece, además, que la modificación deberá formalizarse mediante un documento administrativo y que se procederá al reajuste de la garantía definitiva del contrato.
Reparación de calzadas, aceras y socavones
El servicio comprende la conservación y reparación de los elementos de la vía pública de titularidad municipal, tanto en superficie como en profundidad. Entre sus principales cometidos figuran la reparación de baches, socavones, hundimientos y desperfectos en calzadas y aceras, así como la renovación de pavimentos deteriorados por el uso y el paso del tiempo.
El pliego técnico incluye también la reparación de baldosas, adoquines, soleras y firmes, el sellado de juntas y las intervenciones motivadas por blandones del terreno, roturas de conducciones u otras causas accidentales.
El contrato permite ejecutar obras de conservación o renovación de tramos de calles, pavimentos terrizos y carriles bici, además de actuaciones para mejorar la accesibilidad urbana. Estas últimas pueden incluir el rebaje de bordillos y el acondicionamiento de aceras en cruces y pasos de peatones para facilitar la movilidad y eliminar barreras arquitectónicas.
También contempla la conservación de caminos de propiedad municipal, las mejoras en infraestructuras de redes municipales, la reparación o instalación de hidrantes para los bomberos y las intervenciones en colectores, pozos de registro, imbornales y rejillas de saneamiento que no estén incluidos en el convenio suscrito con el Canal de Isabel II.
La empresa deberá colaborar asimismo en los trabajos necesarios para la celebración de actividades y eventos municipales cuando así lo requieran los servicios técnicos.
El ámbito del contrato puede ampliarse a zonas consolidadas y nuevas urbanizaciones que pasen a ser conservadas por el Ayuntamiento durante su vigencia, siempre que se incorporen al patrimonio municipal de mantenimiento correspondiente.
Quedan excluidas las zonas no recepcionadas por el Consistorio, las urbanizaciones cuyo mantenimiento corresponda a entidades privadas de conservación y los espacios de titularidad privada. Tampoco se incluyen los servicios cuya responsabilidad corresponde a compañías suministradoras, como las redes de gas, electricidad, telefonía o agua, ni las actuaciones que el Ayuntamiento ejecuta con medios propios o que corresponden a otros departamentos municipales fuera de los trabajos recogidos en el pliego.
Atención de emergencias durante las 24 horas
Una de las obligaciones principales de la UTE es mantener un servicio de guardia permanente, durante las 24 horas del día y todos los días del año, para responder a emergencias, avisos urgentes e incidencias imprevistas fuera del horario ordinario.
El pliego considera emergencia cualquier situación que afecte al tránsito de vehículos o peatones o que pueda suponer un riesgo elevado para la seguridad de los usuarios. Para atender estas situaciones, la contratista debe disponer de personal, vehículos, maquinaria y materiales suficientes, así como de un sistema de comunicaciones que permita localizar a los equipos y coordinarse con los servicios municipales.
En caso de incendios, inundaciones, temporales u otras emergencias generales, la empresa deberá poner sus medios a disposición del Ayuntamiento y seguir las instrucciones municipales.
La Policía Local también podrá requerir la intervención de la contrata cuando detecte desperfectos que puedan representar un peligro para personas o bienes. La empresa deberá encargarse de detectar, señalizar y proteger las deficiencias de la vía pública, además de asumir las responsabilidades derivadas de una señalización inadecuada o de incumplimientos en la ejecución de los trabajos.
La UTE deberá presentar una memoria semestral con las actuaciones realizadas y los desperfectos que continúen pendientes de reparación. También tendrá que elaborar la documentación técnica necesaria para cada intervención, gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes y mantener limpias y protegidas las zonas afectadas por las obras.
Cuando una actuación tenga suficiente entidad o importancia, deberá informar a los vecinos afectados por indicación municipal. El pliego prevé, con carácter general, dos comunicaciones por intervención: una antes del inicio y otra después de su finalización.
Plazos de reparación de 12, 24 y 72 horas
El pliego establece distintos tiempos de respuesta en función de la gravedad de cada incidencia:
Muy urgente: resolución en un máximo de 12 horas desde la notificación.
Urgente: resolución en un máximo de 24 horas.
Normal: reparación en un máximo de 72 horas, salvo que la entidad de los trabajos justifique otro plazo.
La calificación de cada parte corresponde a los servicios municipales. En las incidencias urgentes, la empresa deberá aplicar los medios humanos y materiales necesarios para resolver el problema o, mientras tanto, adoptar las medidas de protección y señalización que eviten riesgos.
Para las reparaciones ordinarias de pavimentos que requieran hormigonado, el pliego detalla los tiempos de ejecución: contempla 24 horas para el macizado, consolidación y hormigonado, y otras 48 horas para completar la capa de rodadura. Cuando el pavimento no incorpore una capa de rodadura bituminosa, el plazo de reparación completa previsto es de 48 horas.
Las intervenciones deberán realizarse previa orden de trabajo, salvo las situaciones extraordinarias o de emergencia. Los técnicos municipales podrán determinar también la ejecución de trabajos nocturnos o fuera del horario habitual cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cómo se valoran los trabajos
La facturación se basa en las actuaciones realmente ejecutadas, no en una cantidad fija asignada de manera automática a cada reparación. El Departamento de Mantenimiento emite una orden por intervención y, antes de comenzar, delimita con la empresa la zona afectada.
Una vez terminados los trabajos, un representante municipal y otro de la contratista deben comprobar su correcta ejecución, medir las unidades realizadas y firmar el parte correspondiente.
La valoración mensual se calcula aplicando los precios unitarios del pliego a las mediciones reales. Para las reparaciones puntuales de aceras y calzadas de menos de 30 metros cuadrados se utiliza el capítulo de precios dedicado a reparaciones de pequeña entidad y bacheos. Para actuaciones de mayor superficie, renovación o sustitución de pavimentos de más de 30 metros cuadrados, se aplica el capítulo de urbanización y obra civil.
A efectos de cálculo, las actuaciones efectuadas en una misma calle que no estén separadas por más de 100 metros se contabilizan conjuntamente.
Al presupuesto de ejecución material se añaden un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. Después se aplica la baja ofertada, si la hubiera, y finalmente el IVA vigente. Los trabajos nocturnos, en sábados o festivos pueden llevar un incremento del 20% en los supuestos excepcionales previstos en el pliego.
Para cerrar cada parte y poder incluirlo en la facturación mensual, la empresa debe aportar las mediciones y valoraciones de las unidades ejecutadas, fotografías del antes y el después y, cuando la actuación modifique sustancialmente el entorno, los planos actualizados. La falta de esta documentación impide cerrar el parte y facturarlo.
La contratista deberá facilitar también estimaciones económicas de los trabajos propuestos en un plazo máximo de 48 horas cuando lo solicite la dirección del servicio.
Una base operativa permanente en Getafe
El pliego exige que la empresa disponga, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, de instalaciones permanentes y dedicadas al servicio en el municipio, ya sean propias o alquiladas.
Estas instalaciones deben incluir una oficina con teléfono y correo electrónico atendidos, un almacén de materiales y herramientas, una zona de acopio de tierras y escombros y espacios para vestuario y comedor del personal. Los costes de explotación y mantenimiento correrán a cargo de la adjudicataria.
La UTE también debe contar con maquinaria y vehículos suficientes para responder a los trabajos ordinarios y las emergencias. Entre los medios mínimos previstos figuran compresores para demoliciones, retroexcavadora con pala, equipos de compactación, camión de doble cabina con grúa y medios para el transporte, extendido y compactación de aglomerado asfáltico.
Para los trabajos de hormigonado, el pliego establece que el hormigón deberá proceder de una central o prepararse mediante maquinaria, ya que no se permite amasarlo a mano. También exige equipos adaptados a las reparaciones de pequeña dimensión y medios para mantener la calidad y la temperatura del aglomerado durante su transporte y colocación.
Los vehículos, máquinas y herramientas deben mantenerse en condiciones adecuadas de uso y estar identificados con la imagen corporativa que determine el Ayuntamiento. Los técnicos municipales revisarán las instalaciones y los medios al inicio del servicio y, posteriormente, una vez al año.
La empresa deberá mantener la continuidad del servicio, sin interrupciones por averías de maquinaria, vacaciones o bajas de personal. Si es necesario sustituir a trabajadores, deberá hacerlo de inmediato por otros de igual categoría, sin coste adicional para el Ayuntamiento.
Además, el pliego contempla la subrogación del personal que presta actualmente el servicio cuando así corresponda conforme al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo aplicable.
Control de calidad y reparación de trabajos defectuosos
Las actuaciones estarán sometidas al control de los técnicos municipales. Cuando la naturaleza o importancia de una obra lo requiera, la empresa deberá presentar antes de comenzar un plan de ensayos de los materiales y de control de ejecución, además de disponer de un laboratorio acreditado.
Los gastos de pruebas y ensayos correrán a cargo de la contratista hasta el límite del 1% del presupuesto total del contrato. Los controles adicionales que superen ese porcentaje se facturarán conforme a los precios unitarios previstos. Los ensayos derivados de materiales defectuosos o de obras mal ejecutadas serán también responsabilidad de la empresa y no computarán dentro de ese límite.
Si una reparación no supera los controles de calidad, deberá levantarse y ejecutarse de nuevo a costa de la adjudicataria, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Esta obligación también podrá aplicarse a obras inicialmente aceptadas si presentan síntomas de ejecución deficiente durante el año siguiente a su finalización.
El contrato exige igualmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos al inicio del servicio y la designación de un coordinador de seguridad y salud para las actuaciones. La empresa deberá proporcionar los equipos de protección individual y colectiva, formar e informar a sus trabajadores y mantenerlos debidamente uniformados.
Gestión de residuos y protección de las calles
Los residuos procedentes de demoliciones y reparaciones deberán gestionarse conforme a la normativa de la Comunidad de Madrid y a las disposiciones municipales de medio ambiente.
Los materiales que no puedan reutilizarse se trasladarán a instalaciones autorizadas. La empresa tendrá que acreditar la procedencia de los residuos, la obra de la que proceden, el gestor que los recibe y las cantidades transportadas, además de su identificación conforme al código europeo de residuos.
Durante las obras, la contratista deberá reducir las molestias al tráfico y a los peatones, mantener accesibles los portales, comercios y pasos de vehículos y colocar vallas, señales, balizas luminosas y pasarelas cuando sean necesarias. La señalización deberá mantenerse durante todo el tiempo que exijan las características de los trabajos.
El pliego fija también un plazo máximo de 48 horas para retirar los materiales procedentes del levantado de pavimentos y las excavaciones, salvo aquellos que vayan a reutilizarse. Los escombros y materiales sobrantes no podrán permanecer en la vía pública en un volumen superior a un metro cúbico sin instala r contenedores adecuados.
Penalizaciones por retrasos e incumplimientos
El documento establece sanciones económicas para garantizar el cumplimiento de los plazos y las condiciones de ejecución. Los retrasos en las reparaciones calificadas como muy urgentes se penalizan con un 30% del importe del parte de servicio por cada día natural de demora. En las urgentes, la sanción es del 20% diario, mientras que en las normales asciende al 10%.
También se consideran incumplimientos la retirada tardía de escombros, la falta de limpieza, una señalización insuficiente o la ejecución defectuosa de una reparación. En estos casos, el pliego prevé penalizaciones del 10% del importe del parte por cada día que persista el incumplimiento, además de la obligación de corregir los trabajos mal ejecutados. Tres faltas leves en un año se convierten en una falta grave. La acumulación de tres faltas graves en un año puede dar lugar a la resolución del contrato.
La modificación aprobada permitirá incrementar los recursos presupuestarios destinados a este servicio durante 2026, mientras se mantienen las obligaciones técnicas, los plazos de respuesta y los mecanismos de supervisión y control establecidos en el pliego.