La empresa municipal de limpieza adjudica por 342.000 euros un contrato para digitalizar y reforzar el control jurídico de sus licitaciones
La Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe (LYMA) ha adjudicado un contrato valorado en unos 342.000 euros y con una duración de cuatro años para reforzar la asistencia jurídica en sus procedimientos de contratación pública e impulsar la digitalización de su gestión interna.
El contrato reúne en un único servicio el asesoramiento jurídico especializado, la implantación de sistemas de racionalización de la compra pública, el suministro de aplicaciones informáticas y la formación de los trabajadores de la entidad municipal.
Según el pliego de prescripciones técnicas, la iniciativa responde a la necesidad de mejorar la eficiencia de los procedimientos de contratación de LYMA, cuya actividad comprende servicios como la limpieza viaria, la recogida y el tratamiento de residuos y otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente urbano.
El servicio pretende reforzar la seguridad jurídica de los expedientes, facilitar el seguimiento de cada procedimiento y reducir posibles errores, incidencias o riesgos de impugnación en las licitaciones.
Asesoramiento jurídico durante todo el proceso
Una de las principales funciones de la empresa adjudicataria será la redacción, revisión y supervisión de los pliegos administrativos y técnicos que regulan los contratos de LYMA. Este trabajo incluirá también la revisión de anexos, criterios de adjudicación, fórmulas de valoración económica y cláusulas específicas relacionadas con los servicios medioambientales.
La asistencia abarcará la preparación de los informes de necesidad y del resto de la documentación previa a las licitaciones, así como la supervisión de los documentos generados durante y después de cada procedimiento.
El servicio deberá realizar un seguimiento integral de los expedientes, desde su preparación inicial hasta la adjudicación, con especial atención al cumplimiento de los plazos legales, la publicación de los anuncios y documentos y la atención a las consultas planteadas por las empresas licitadoras.
También tendrá que gestionar la revisión de alegaciones, solicitudes de aclaración y documentación complementaria, además de supervisar las comunicaciones con los participantes y el archivo de los expedientes.
El contrato incluye igualmente la elaboración de informes jurídicos, notas técnicas y recomendaciones sobre procedimientos concretos, así como la preparación de respuestas a recursos administrativos que puedan presentarse en materia de contratación pública. La adjudicataria deberá redactar, cuando sea necesario, cartas, burofaxes y otras comunicaciones oficiales.
La prestación se desarrollará en coordinación con las distintas direcciones de LYMA, con el propósito de adaptar los pliegos y procedimientos a las necesidades operativas de la empresa municipal.
Un catálogo electrónico para automatizar las compras
Otro de los ejes del contrato será la incorporación de herramientas digitales para racionalizar y automatizar la contratación pública. Entre las prestaciones previstas figura la implantación de una aplicación de catálogo electrónico que permita gestionar productos y proveedores y tramitar pedidos de forma más eficiente.
La solución incluirá las licencias de uso del software, su configuración inicial, el mantenimiento correctivo, las actualizaciones y el soporte técnico durante la vigencia del contrato.
La adjudicataria también deberá asesorar a LYMA en la creación de nuevos catálogos y en la incorporación de productos, además de proporcionar formación presencial y a distancia para que el personal pueda utilizar la aplicación.
El pliego contempla asimismo el desarrollo de flujos de trabajo homogéneos, con mecanismos de validación, notificaciones automáticas, control de plazos y generación de documentación. Estas herramientas deberán facilitar la estandarización de los procedimientos y mejorar la trazabilidad de las actuaciones administrativas.
La integración del catálogo electrónico con los sistemas informáticos internos de LYMA también forma parte del servicio, siempre que resulte técnicamente viable. La implantación deberá respetar la normativa de protección de datos y los requisitos de seguridad de la información.
Cuatro cursos de formación al año
El contrato incorpora un programa de formación jurídica dirigido a los trabajadores de la empresa municipal. La adjudicataria tendrá que organizar al menos cuatro cursos al año, uno por trimestre, adaptados a las necesidades de LYMA y a las particularidades de su actividad medioambiental.
Las sesiones abordarán cuestiones relacionadas con la contratación pública, las novedades normativas, los sistemas de racionalización de compras y las herramientas de automatización que se incorporen a la gestión interna.
Los contenidos se diseñarán en colaboración con las direcciones de la entidad, que podrán establecer las prioridades formativas y determinar los departamentos destinatarios. El objetivo es que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse directamente a la tramitación de expedientes y a la gestión cotidiana de los contratos.
La formación deberá actualizarse para incorporar los cambios legislativos y las modificaciones que se introduzcan en los procedimientos y aplicaciones informáticas.
Atención presencial y disponibilidad de lunes a viernes
El pliego fija también unas condiciones mínimas para garantizar la atención a los distintos departamentos de LYMA. Tanto el responsable del servicio como el técnico adscrito al contrato deberán prestar asistencia presencial en las instalaciones de la empresa municipal al menos un día por semana, coordinando sus actuaciones.
Además, tendrán que mantener disponibilidad remota de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 15.00 horas, para resolver consultas, atender incidencias y prestar asesoramiento urgente.
La documentación establece que todas las actuaciones deberán quedar registradas y documentadas, con revisiones periódicas de calidad y mecanismos de verificación de resultados. Los profesionales deberán mantener la confidencialidad de la información a la que accedan, incluidos los datos de las licitaciones, los proveedores y los procedimientos internos.