El BOCM oficializa la nueva interpretación de las normas urbanísticas de Getafe sobre la obligación de reserva de plazas de aparcamiento en futuros equipamientos
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| (Foto: Ayto. Getafe).- |
El Ayuntamiento de Getafe ha oficializado una nueva interpretación de las normas urbanísticas que permitirá flexibilizar la obligación de reservar plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas cuando su construcción o utilización pueda generar problemas de circulación, o cuando la disponibilidad y accesibilidad del transporte público pueda justificar una reducción de las plazas exigidas.
El acuerdo, aprobado por el Pleno municipal en la sesión ordinaria del 22 de julio de 2026, ha sido publicado este lunes, 26 de octubre, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La resolución establece una interpretación «armónica y funcional» del artículo 170 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getafe.
El objetivo es adaptar la aplicación de los estándares mínimos de aparcamiento previstos en el planeamiento a las condiciones actuales de movilidad, evitando que el cumplimiento estrictamente numérico de las plazas obligatorias termine generando efectos contrarios al interés público, como una mayor congestión en las calles del entorno.
El texto publicado sostiene que la aplicación «literal y estrictamente numérica» de los estándares originales puede producir una «contradicción material con el interés público actual». Por ello, plantea que la reserva de plazas obligatorias se valore atendiendo a criterios de viabilidad y oportunidad urbanística, además de las condiciones físicas de cada parcela.
Los Molinos, entre los proyectos beneficiados por el nuevo criterio
La flexibilización facilita la viabilidad urbanística del futuro Centro Cívico y Deportivo de Los Molinos, un equipamiento cuya dimensión exigía inicialmente un número elevado de plazas de aparcamiento conforme a los estándares ordinarios del planeamiento.
De esta forma, la obligación de reservar estacionamientos podrá adaptarse a las necesidades reales de cada equipamiento, siempre que concurran las circunstancias técnicas previstas en el acuerdo. La medida no elimina de manera automática las plazas exigidas ni establece una reducción predeterminada, sino que abre la posibilidad de aplicar exenciones justificadas.
El planteamiento municipal busca adecuar la planificación urbana a las características de los barrios y a los desplazamientos de sus residentes, teniendo en cuenta que un equipamiento público puede recibir usuarios de distintas zonas de Getafe y que el transporte colectivo constituye una alternativa al vehículo privado.
El tráfico también determinará si es viable construir aparcamientos
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el concepto de imposibilidad de dotar una parcela de las plazas de estacionamiento exigidas. La valoración no se limitará a las restricciones físicas o geométricas del solar, sino que incorporará las consecuencias que los accesos al aparcamiento puedan tener sobre la circulación.
El acuerdo establece el criterio de «inviabilidad funcional por saturación operativa de la red vial». Según este principio, no bastará con comprobar si existe espacio suficiente para construir las plazas: también habrá que estudiar si los vehículos pueden entrar y salir de ellas sin perjudicar el funcionamiento de las calles colindantes.
Para determinarlo, el Ayuntamiento contempla la realización de un estudio de tráfico sectorial que permita evaluar las consecuencias de habilitar los accesos necesarios para cumplir con los estándares teóricos de aparcamiento.
Si ese análisis demuestra que los movimientos de los vehículos pueden provocar el colapso del nivel de servicio de las vías públicas próximas, generar colas en la calzada o incrementar el denominado tráfico de agitación —los desplazamientos de vehículos que circulan por la zona en busca de estacionamiento o acceso—, podrá considerarse que existe una imposibilidad operativa.
En esos casos, la resolución señala que la exención total o parcial de las plazas de aparcamiento estará técnicamente justificada para preservar la capacidad de la red viaria local.
El transporte público podrá sustituir parte de las plazas exigidas
El segundo criterio recogido en el acuerdo introduce la posibilidad de considerar satisfecha total o parcialmente la dotación de aparcamiento mediante la accesibilidad al transporte público.
Esta alternativa está prevista para actividades situadas en el núcleo urbano e integradas en la red intermodal de transporte público de alta capacidad existente en su entorno. El documento cita expresamente Metrosur, Cercanías y las líneas de autobús urbano.
La interpretación municipal parte de que una buena conexión mediante transporte colectivo puede reducir la necesidad de que los usuarios lleguen en vehículo privado y, por tanto, la demanda de estacionamiento en el destino.
La reducción de las plazas exigidas deberá vincularse a dos factores: la proximidad de la red de transporte público y la frecuencia de sus servicios. De esta forma, la valoración no dependerá únicamente de que exista una parada cercana, sino también de las posibilidades reales de utilizar esos medios para acceder a la actividad.
En el caso de equipamientos como el Centro Cívico y Deportivo de Los Molinos, este criterio permite valorar la relación entre su ubicación, las conexiones de transporte disponibles y las necesidades de estacionamiento que genere su funcionamiento.
Una planificación adaptada a cada barrio
La nueva interpretación del artículo 170 del PGOU introduce un modelo de aplicación de los estándares de aparcamiento que tiene en cuenta las características de cada proyecto y su relación con el entorno urbano.
A partir de esta aprobación, el Ayuntamiento podrá flexibilizar la construcción de las plazas previstas en la normativa cuando existan razones técnicas relacionadas con la movilidad y el tráfico. Asimismo, la dotación exigida podrá reducirse cuando la actividad esté situada en el núcleo urbano y cuente con una integración efectiva en la red de transporte público.
El propósito es adaptar el número de estacionamientos a las condiciones reales de cada emplazamiento, favorecer los desplazamientos mediante transporte colectivo y evitar que la concentración de vehículos genere problemas adicionales de circulación en los barrios.