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| (Foto: Alex Castellano).- |
El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha denunciado este martes en rueda de prensa “las cloacas del sanchismo en Getafe”, tras conocer que “la alcaldesa tiene acceso a datos confidenciales y sensibles de los vecinos de Getafe restringidos a la Policía Local”, en lo que ha calificado como “un escándalo”.
“Esto es muy grave. El concejal de Seguridad de Sara Hernández es su Leire Díez particular, al tener acceso como usuario al programa de gestión policial Vinfopol, de uso restringido y exclusivo de la Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha indicado.
“Se trata de una vulneración de la ley de protección de datos por parte de la alcaldesa, que tiene que explicar para qué quiere esos datos sensibles y confidenciales de los ciudadanos y con qué fin los está utilizando”, ha señalado el portavoz.
En este contexto, los populares han presentado una moción de urgencia al Pleno de este miércoles para exigir explicaciones a la alcaldesa y el cese del concejal de Seguridad.
Según Mesa, “es el `Gran hermano´ de la alcaldesa, que tiene acceso, controla y utiliza datos sobre la vida de los getafenses: dónde vives, dónde trabajas, cuál es tu coche, si eres titular de alguna empresa, si te han multado, si te han hecho algún control de alcoholemia o si apareces en alguna intervención policial. Esto incluye a los miembros de la oposición, que somos vecinos de Getafe y se enmarcaría en su política de persecución a la única alternativa de gobierno en Getafe”.
“Esto se suma a sus “tarjetitas inteligentes” en las qué controla cuándo y cómo tiramos la basura. Pero la alcaldesa va más allá. Según hemos podido saber, en su última visita a la sede de la Policía Local dio la orden de que las imágenes de las nuevas cámaras instaladas en la ciudad quería tenerlas en su ordenador, para seguir metiéndose en la vida privada de los vecinos”, ha destacado.
A su juicio, a través del programa Vinfopol de la Policía Local de Getafe se puede acceder a información y datos como intervenciones policiales con personas y vehículos implicados, diligencias y comparecencias policiales; minutas que remiten los agentes a los juzgados, como partes, datos personales, fotos, así como multas y controles de alcoholemia. También se pueden cruzar datos, con la matrícula del vehículo se accede al propietario, y con el nombre de un ciudadano se pueden obtener datos sobre su vehículo, domicilio y si se ha visto involucrado en intervenciones. Asimismo, se puede recabar información sobre titulares de establecimientos o empresas.
“Con el acceso a este programa de la alcaldesa estaría vulnerando la Ley orgánica 7/2021 de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. El artículo 4 determina cuáles son las autoridades competentes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal, las administraciones penitenciarias, la dirección adjunta de vigilancia aduanera; el servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias y la comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo”, ha apuntado.
“Claramente no se permite el acceso a un concejal por muy concejal de Seguridad que sea o muy alcaldesa que sea”, ha concluido Antonio José Mesa.