Los precios públicos del Ayuntamiento de Getafe de los servicios de videoterapia y geolocalización en situaciones de emergencia han entrado en vigor, destinados a las personas mayores, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El servicio de videoterapia es un recurso tecnológico, instalado en el domicilio del usuario con un pequeño dispositivo en su televisor, permitiendo a los profesionales de la Concejalía de Personas Mayores conectar con el usuario, hablar con él, hacer un seguimiento de atención más personalizado, y ofrecer sesiones de trabajo con actividades de estimulación física, de recuperación funcional, cognitiva y de apoyo emocional.
Todo sin necesidad de conocimientos técnicos y estableciéndose un mínimo de dos sesiones semanales con una duración para cada usuario en torno a 45 minutos de conexión por sesión.
Los beneficiarios deberán tener 65 años cumplidos o encontrarse entre los 55
y 64 años, siendo pensionista del sistema de la Seguridad Social por concepto de jubilación anticipada, reconocimiento de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Además, tiene que presentar alguna situación, como necesidad de terapia ocupacional y estimulación psicomotriz, así como movilidad reducida con imposibilidad de desplazarse de su domicilio o falta de red social, vivir solo y encontrarse en situación de aislamiento social.
El servicio de geolocalización se presta mediante un reloj inteligente que se proporciona al usuario, conectado directamente con un familiar y con el Servicio de Atención y Emergencias de la Policía Local de Getafe, para su intervención en caso de emergencia.
Los usuarios deberán presentar dificultad para la movilidad, dificultad de orientación en espacios abiertos o alguna otra enfermedad que pueda ocasionar riesgo para el mayor en sus desplazamientos.
El precio de la videoterapia queda fijado en 57 euros mensuales más IVA y el de la geolocalización en 10 euros mensuales más IVA, aunque se establece una reducción en función de la renta de la unidad de convivencia en la que se halle integrado el usuario y del número de miembros que componen la unidad de convivencia, según el informe al que ha tenido acceso EPG.