Anuncian movilizaciones para exigir el endurecimiento de la Autorización Ambiental que se renovará a la fundición

La Plataforma de personas afectadas por Corrugados ha anunciado que trabaja ya en nuevas movilizaciones para exigir el endurecimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Corrugados, tars abrir la Comunidad de Madrid el periodo de alegaciones para su renovación.

Han señalado que los resultados de dos estudios técnicos elaborados por dos empresas independientes certifican “lo que desde hace 20 años cientos de vecinos y vecinas de Getafe han denunciado, que Corrugados es una fundición ilegal y nociva, incumple la normativa, y lleva años afectando de manera directa a la salud de miles de personas a las que se ha ignorado”.

“Hasta 70 decibelios en horario nocturno, muy por encima de lo que se considera apto para proteger la salud de las personas, ha emitido Corrugados e igualmente se han registrado incumplimientos respecto a emisión de olores”, han destacado.

Además, la misma empresa que ya midió el ruido hace 5 años, “y avisó de los gravísimos incumplimientos, reporta similares resultados tras varios muestreos en viviendas y en los exteriores de los barrios de Juan de la Cierva y de Los Molinos”.

“Así de duros y de contundentes son los datos que desde hace casi un año tienen en su poder la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe y que tras reiteradas peticiones,  sólo el consistorio ha facilitado a esta Plataforma los informes que dan cuenta de las inspecciones realizadas a Corrugados durante el verano de 2021”, han advertido.

La Comunidad de Madrid “ha mantenido silencio sobre una información que viene a demostrar que la fundición no ha implementado medida alguna para dar respuesta a las exigencias incluidas en su condicionado ambiental, entre las que se encuentra la presentación de un plan de minimización de ruido que, tras varios años de prórrogas, no se ha llevado a cabo”.

La Plataforma de personas afectadas por Corrugados denuncia “la complacencia y permisividad por parte de la administración autonómica respecto a la fábrica, al permitir a la empresa seguir llevando a cabo su actividad con total impunidad”.  

Asimismo, han señalado que “las irregularidades por parte de la fundición son innumerables, pues desde que hay registros de las inspecciones rutinarias a la fábrica en todas hay desviaciones, es decir,  incumplimientos de diversa índole que afectan tanto al medio natural como a las personas, particularmente a las que viven en las inmediaciones de la empresa”.

Sin embargo, “lejos de establecerse medidas cautelares para proteger la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas de los barrios adyacentes, la Comunidad de Madrid se descuelga ahora con una nueva revisión de la Autorización Ambiental Integrada que regula el comportamiento ambiental de la acería, en la que Corrugados pretende obtener una moratoria de otros dos años para llevar a cabo las medidas que deberían estar ya ejecutadas”.

La Plataforma se sorprende igualmente de “la actitud del Ayuntamiento de Getafe, que conociendo todos estos datos ha dado su visto bueno a una promoción de 700 viviendas y proyecta la construcción de diversos equipamientos sociales y educativos en las inmediaciones de Corrugados, actuando como si el problema no existiese e inhibiéndose de cualquier responsabilidad sobre la situación que se viene padeciendo desde hace años”.
 
Los grupos que conforman la plataforma anuncian su intención de tomar las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias para evitar que “se sigan produciendo atropellos a su salud y a su entorno”.

Ante el desamparo que dicen sufrir, exigen a los responsables políticos “que dejen de apoyar a Corrugados, por acción u omisión, y obliguen a la fundición, de una vez por todas, a que aplique las medidas correctivas necesarias o, por el contrario, paralicen su actividad hasta que esté en condiciones de demostrar que es compatible con la ley y que cumplen con la responsabilidad social de empresa que dicen tener”.