Afectados por Corrugados califican de insuficientes las alegaciones del Ayuntamiento a la autorización ambiental
Un portavoz de los vecinos afectados por
Corrugados en Getafe, Daniel Zapardiel, ha calificado de insuficientes las
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento a la renovación de la Autorización
Ambiental Integrada (AAI) de la fundición.
Durante una intervención este jueves en
el Pleno municipal, ha manifestado, dirigiéndose a los presentes, que no tienen
“ni idea de lo que es dejar a los niños en el colegio con un nudo en el
estomago, mientras se ve el humo negro saliendo de Corrugados a metros del
patio del centro de educación infantil y primaria Miguel de Cervantes, o de no
poder abrir la ventana de casa por el olor a metal insalubre e insoportable”.
“No tienen ni idea de lo que es no poder
dormir ni una sola noche del tirón durante años por el ruido de la fundición o
salir a la terraza y al barrer montones
de partículas férricas tóxicas”, ha agregado.
Según el portavoz de los afectados, la
fábrica se tenía que haber trasladado en 2006 como se firmó en un documento
entre la empresa y el Ayuntamiento, cuando se preparaban para levantar el nuevo
barrio de Los Molinos, “reconociendo que Corrugados afectaba considerablemente
a la calidad de vida actual y de futuro porque otro barrio como Juan de la
Cierva sufría la actividad de la fundición y nunca hicieron nada”.
“Dicen que no tienen
competencias para hacer más de lo que han hecho, pero no les creemos, mientras
pretenden construir 1.450 viviendas en los terrenos del ACAR y 700 casas más
junto al polígono de Los Ángeles, una escuela infantil y un centro deportivo a
escasos metros de Corrugados”, ha subrayado.
Por último, han apuntado que
el Ayuntamiento se contradice “todo el tiempo”, por lo que se sienten
“desamparados” y desconfían del Consistorio al considerar que llevan
“demasiados años de perfil”.
Por su parte, la alcaldesa
Sara Hernández ha asegurado que se trata de un asunto “tremendamente complicado”
y ha añadido sobre el traslado de Corrugados al polígono de La Carpetania, como
firmó el Ayuntamiento en 2006 con la fundición, que lo tiene que determinar la
Comunidad de Madrid.