El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento inicia su actividad para resolver reclamaciones
El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Getafe ha iniciado este viernes su actividad, tras cinco años de espera, para resolver las reclamaciones vecinales sobre impuestos municipales antes de recurrir a la vía judicial.
Los miembros de este tribunal se reunieron este jueves y acordaron aprobar su constitución, las normas internas en materia de organización y funcionamiento, y el inicio de su actividad a partir del día siguiente a su constitución, según el acta al que ha tenido acceso Europa Press.
El Gobierno municipal aprobó en 2017 el proyecto de Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo municipal que posteriormente fue ratificado en el Pleno municipal.
La alcaldesa Sara Hernández aseguró entonces que se trata de un órgano que se integra en la propia Administración pública, actuando con “total independencia funcional” y separación de los órganos de la administración encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones tributarias, lo que garantiza “la imparcialidad de sus decisiones y la garantía de los contribuyentes a una resolución más ajustada a derecho”.
De esta manera, se “abarata y agiliza” la defensa de los derechos de los ciudadanos, reduciendo “la conflictividad” en la vía contencioso-administrativa, hecho que además “debería permitir aliviar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales”.
La vía económico-administrativa presenta “ciertas ventajas para el ciudadano” frente a otras vías de impugnación, ya que la decisión corresponde a “un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó”.
En ciertos casos, por razón de la cuantía, resolverá un órgano colegiado, lo que le otorga “mayor probabilidad de acierto”, ya que los miembros del tribunal “han de ser necesariamente reconocidos expertos en materia tributaria”.
Este tribunal es un procedimiento gratuito para el ciudadano, aunque pueda ser objeto de costas cuando se aprecie temeridad o mala fe, y no requiere asistencia jurídica, pero “nada impide que voluntariamente el ciudadano se acompañe o asesore por un abogado”.