La alcaldesa destaca que el archivo de la querella por la que era investigada avala el trabajo que viene realizando

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha subrayado que el archivo de la querella por la que estaba investigada, a causa de los vertidos ilegales al río Manzanares, supone que el juez y la fiscalía “han avalado” el trabajo que viene realizando desde 2015.

“Han querido poner en duda nuestro compromiso con un futuro verde para Getafe”, ha señalado la alcaldesa tras conocerse un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Getafe decretando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra ella y tres concejales del Gobierno Municipal, “tras una querella particular”.

Sara Hernandez ha manifestado sobre este auto que, “a partir de aquí”, seguirán con “más proyectos sostenibles y las mismas ganas de continuar mejorando la vida de cada vecino”.

Según el auto, que ha dado a conocer el Ayuntamiento, se refiere a los vertidos “que sufre el río Manzanares a su paso por Getafe con motivo de la vandalización de las instalaciones de las elevadoras y cuya solución está próxima a concretarse”, tras aprobar el Gobierno Municipal las obras de nuevas elevadoras para la canalización de las aguas residuales hasta la depuradora más próxima, que se están ejecutando en la actualidad.

La fiscalía indica en el auto que “no habría sido sino hasta la llegada del equipo de Gobierno actual cuando se ha intentando implementar un proyecto más integral para dar solución a este problema, del que se ha ido dando cuenta a lo largo de este procedimiento, así como de las circustancias de que, debido a que la ejecución de dicho proyecto implica recabar autorizaciones e informes vinculantes de varias administraciones, su tramitación es compleja”.

Asimismo, considera que la investigación está finalizada, mientras que el juez motiva que “de los hechos se deduce que la conducta de todos los investigados, a cuyo frente está la señora Hernández Barroso, no puede considerarse pasiva, ni entenderse despreocuapada respecto de los vertidos que no son originados por la actividad del Ayuntamiento, sino por la vandalización de las instalaciones”.

Además, “la corporación municipal presidida por la investigada, intentó desde un principio de su gestión sustituirlas por otras nuevas, solicitando la colaboración de las entidades que entendió competentes y en todo caso presentando los proyectos y actuaciones requeridas ante la Confederación Hidrografica del Tajo, cuya aprobación era precisa para la realización de las obras, sin que los retrasos y la supuesta continuidad de los vertidos desde 1995 puedan imputarse a quienes ostentan cargos y responsabilidades desde junio de 2015”.

El juez también señala que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento”.