El Ayuntamiento de Getafe ha reclamado a la Comunidad de Madrid que interceda en la problemática de cerca de 80 trabajadores de la empresa de alimentación JSP de Getafe ante su "posible cierre".
La concejala de Empleo, Ángeles García, ha manifestado que ni los trabajadores ni sus representantes “tienen una información clara de cuál es su situación ni qué futuro les depara, mientras que la posibilidad de que un posible inversor quiera quedarse con una de las sociedades o marcas no hace más que acrecentar su incertidumbre”.
La empresa canaria José Sánchez Peñate, JSP, se implantó en Getafe hace 46 años, dedicada al desarrollo industrial en el sector de la alimentación y llegó a tener 200 trabajadores, “siendo puntera” en el sector de los lácteos, café y productos vending, pero presentó a principios del mes de marzo preconcurso de acreedores con el objetivo de mantenerse a flote y como consecuencia de la situación económica que atravesaba.
JSP está formada por 4 accionistas con presencia en 22 órganos sociales y poder en 7 sociedades y 732 marcas, de las cuales 26 no son nacionales sino comunitarias, por lo que se trata de “una compleja red empresarial, que ha generado importantes pérdidas, que han repercutido muy negativamente sobre los trabajadores”.
Así, lo que en un momento se tradujo en “recortes salariales, se ha ido convirtiendo en una disminución considerable de la plantilla, ya que en la actualidad solo 465 del total nacional siguen en nómina, y en la planta de Getafe no llega a sumar 80.
Según Ángeles García, JSP “había recibido distinciones por su modelo social empresarial”, como guardería en el centro, ayudas al estudio, ocio y tiempo libre, pero ahora plantea un ERE de 317 trabajadores como vía de salvación y único plan de reestructuración viable y con futuro.
Por su parte, el pasado mes de julio, el Gobierno de Canarias “se comprometió a velar por el cumplimiento del acuerdo firmado entre la empresa JSP y los trabajadores”, estableciéndose unas condiciones muy específicas, que eran tratar de garantizar la unidad empresarial y mantener el máximo número de empleos que fuera posible.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha presentado este lunes las principales características de la Zona de Bajas Emisiones que se activará en septiembre en modo de aviso, comenzando a multar a partir del 1 de enero de 2025. La Zona de Bajas Emisiones comprende los barrios de Centro y San Isidro, formando un área de poco más de un kilómetro cuadrado, que está delimitada por la calle Ilustración, calle Madrid, avenida Juan de la Cierva, M-406, calle Ferrocarril y Paseo de la Estación, aunque estas vías no se verán afectadas. Los empadronados en esta zona podrán acceder con cualquier vehículo y para el resto tendrán restricciones los vehículos sin distintivo ambiental, mientras que no tendrán ninguna las etiquetas Cero y Eco, y deberán pedir una autorización temporal por un año los distintivos B y C, siempre que estén domiciliados en Getafe. Para controlar los perímetros habrá 80 cámaras y otras 40 en los exteriores, así como 40 dispositivos portátiles para la Policía local y una web