La Universidad Carlos III ha adjudicado un seguro de vida para su personal por un importe de la poliza anual de más de 100.000 euros, tras licitarse por segunda vez al quedar desierta por falta de ofertas en la primera ocasión, según el acta al que ha tenido acceso EPG.
La poliza cubre al personal funcionario y laboral y al profesorado asociado por muerte por cualquier causa, garantizando el pago de 20.000 euros a los beneficiarios designados.
También la invalidez absoluta y permanente, con un capital asegurado de 36.000 euros, entendida como la situación física o psíquica irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del asegurado, “determinante de la total ineptitud de éste para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional”, según se recoge en los pliegos.
Será vinculante para la determinación del grado y del efecto de la incapacidad o invalidez la decisión firme de los órganos competentes, administrativos o judiciales, de la Seguridad Social, sobre el grado de invalidez que con arreglo a la normativa sociolaboral corresponda al trabajador, por hechos cubiertos en esta póliza.
Además, queda expresamente convenido que para la garantía de fallecimiento continuará cubierto por el contrato todo asegurado por encima de los 65 años, siempre y cuando permanezca en servicio activo a las órdenes de la universidad, mientras que para la garantía de invalidez la edad de salida del colectivo será la de 70 años.
La universidad comunicará una vez al año, coincidiendo con el vencimiento de la póliza, las altas y bajas producidas durante el periodo de seguro, procediendo en ese momento la compañía aseguradora a regularizar la prima.
En la incapacidad permanente absoluta, se excluyen de la poliza los siniestros causados intencionadamente por el asegurado, los accidentes o enfermedades que sobrevengan al asegurado por embriaguez o uso de estupefacientes no prescritos médicamente, la participación en actos delictivos, las consecuencias de guerras u operaciones de carácter similar y las consecuencias de reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha presentado este lunes las principales características de la Zona de Bajas Emisiones que se activará en septiembre en modo de aviso, comenzando a multar a partir del 1 de enero de 2025. La Zona de Bajas Emisiones comprende los barrios de Centro y San Isidro, formando un área de poco más de un kilómetro cuadrado, que está delimitada por la calle Ilustración, calle Madrid, avenida Juan de la Cierva, M-406, calle Ferrocarril y Paseo de la Estación, aunque estas vías no se verán afectadas. Los empadronados en esta zona podrán acceder con cualquier vehículo y para el resto tendrán restricciones los vehículos sin distintivo ambiental, mientras que no tendrán ninguna las etiquetas Cero y Eco, y deberán pedir una autorización temporal por un año los distintivos B y C, siempre que estén domiciliados en Getafe. Para controlar los perímetros habrá 80 cámaras y otras 40 en los exteriores, así como 40 dispositivos portátiles para la Policía local y una web