El Gobierno municipal retira el expediente de desalojo de una vivienda municipal de emergencia social

La Junta de Gobierno local ha retirado del orden del día una propuesta del concejal de Urbanismo que desestimaba las alegaciones presentadas contra el desalojo de una vivienda municipal de emergencia social ocupada de forma irregular.

Hace más de dos meses, el Gobierno municipal inicio el expediente de recuperación de oficio de la vivienda municipal ubicada en la avenida de las Ciudades y la orden de desalojo de la vivienda, pero ahora se ha decidido retirar el expediente para su mejor estudio, según el acta al que ha tenido acceso EPG.
 
La vivienda para la que se acordó en octubre iniciar el expediente de recuperación de oficio se encuentra ocupada por dos personas, que están identificadas, sin título legítimo para ello.

Por ello, se concedió trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo, pudiendo en dicho plazo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunos.

En estas viviendas municipales, las autorizaciones de ocupación son por un año, pero se pueden prorrogar hasta un máximo de cuatro años a propuesta de los Servicios Sociales, que justificarán la necesidad, y conlleva el pago de un canon mensual al Ayuntamiento de, como máximo, un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.

No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.

El Ayuntamiento dispone de un bloque de 45 viviendas para familias en emergencia social en la avenida de las Ciudades, que hace años se proyectaron como pisos tutelados para mayores, por lo que el pasado mes de julio se solicitó a la Comunidad de Madrid que se revirtieran a la situación anterior, al considerar que “no están adaptadas a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad que ahora viven allí”.