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La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getafe ha acordado ordenar el desalojo de una vivienda municipal de emergencia social, concediéndo a los ocupantes un plazo de ocho días, o de lo contrario serán lanzados de la vivienda, según el acta al que ha tenido acceso Europa Press.
El acuerdo se ha tomado con el informe de la Jefa de Servicio de Patrimonio, con el conforme de la Asesoría Jurídica, y el informe del Coordinador General de Bienestar Social, Convivencia y Cooperación, después de que el pasado 16 de diciembre se retiró este asunto del orden del día de la Junta de Gobierno local para un mejor estudio.
Así, se han desestimado las alegaciones formuladas por los ocupantes de la vivienda municipal, que habían presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 14 de octubre, por el que se iniciaba el expediente de recuperación de oficio de la vivienda, al estar ocupada de forma irregular y sin título legítimo para ello.
Por ello, se ha aprobado ordenar el desalojo de la vivienda, concediéndo a los ocupantes un plazo de ocho días a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo, apercibiéndoles de que, en otro caso, proseguirá el expediente y serán lanzados de la vivienda.
Además, se ha solicitado autorización judicial de entrada a la vivienda, situada en la avenida de las Ciudades, en el caso de que no se produzca el desalojo en el plazo concedido.
En estas viviendas municipales, las autorizaciones de ocupación son por un año, pero se pueden prorrogar hasta un máximo de cuatro años a propuesta de los Servicios Sociales, que justificarán la necesidad, y conlleva el pago de un canon mensual al Ayuntamiento de, como máximo, un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.
No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.
El Ayuntamiento dispone de un bloque de 45 viviendas para familias en emergencia social en la avenida de las Ciudades, que hace años se proyectaron como pisos tutelados para mayores, por lo que el pasado mes de julio se solicitó a la Comunidad de Madrid que se revirtieran a la situación anterior, al considerar que “no están adaptadas a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad que ahora viven allí”.