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| Foto: (Alex Castellano) |
Los populares han registrado una moción para el Pleno municipal de este lunes, en la cual instan al Gobierno central a hacer frente a esta preocupante situación y a garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social.
En la proposición, demandan al Gobierno de España medidas legales que permitan desalojar a los okupas en un máximo de 12 horas, reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a penas de prisión de uno a tres años, evitar los empadronamientos en las viviendas ocupadas o facultar a las comunidades de propietarios para tomar medidas legales, entre otras.
También solicitan contemplar de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal. De igual manera, se insta al Gobierno central a regular, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la protección de las personas que, por distintas razones, se han visto privadas de la vivienda o no pueden acceder a ellas, especialmente a personas en riesgo de exclusión social que soliciten un alquiler social o a deudores hipotecarios que puedan acogerse a una reestructuración de deuda.
“La ocupación ilegal de viviendas es un problema creciente y que nos preocupa, ante el que hay que tomar medidas contundentes, como venimos reclamamos desde el Partido Popular. No hay nada más sagrado que el derecho a la propiedad privada, producto del esfuerzo y del trabajo de nuestros vecinos, a quienes vamos a seguir defendiendo con firmeza”, ha subrayado el portavoz del Partido Popular de Getafe, Carlos González Pereira.
En este sentido, Pereira ha reclamado a la socialista Sara Hernández que “no dé la espalda a los getafenses en esta grave problemática”, después de que en la comisión previa al Pleno el PSOE haya votado en contra de esta moción para combatir la ocupación ilegal.
El pasado mes de julio, el portavoz popular visitó Las Margaritas, uno de los barrios más afectados por las ocupaciones, y solicitó actuaciones al Gobierno municipal, así como la activación de medidas para frenar estas prácticas ilegales y los problemas de inseguridad derivados.