El Ayuntamiento ha reclamado al Consorcio Regional de Transportes que retire de las marquesinas de Getafe la publicidad de Hazte Oír sobre el telefóno de atención a las víctimas de adoctrinamiento de género, al considerar que pueda ser constitutivo como delito de odio.
La alcaldesa, Sara Hernández, ha asegurado este martes que esta publicidad “es sectaria y ataca a los principios igualitarios de los vecinos de Getafe, señalando a los centros públicos sin justificación”.
“No entendemos cómo una institución pública como es la Comunidad de Madrid, permite que se hable de adoctrinamiento de género en las aulas, en lugar de proteger y defender una sociedad igualitaria e informada, ya que la presidenta dice que no se adoctrina, pero sí permite que otros utilicen espacios públicos para ello”, ha destacado.
El propio consejero de Transportes, de quien depende el Consorcio Regional, Ángel Garrido, aseguró en una entrevista este mismo mes que “se ve que el pin parental es un pin neandertal”, mostrando su rechazo precisamente a lo que se publicita en las marquesinas.
En esta línea, la concejala de Educación e Igualad, Ángeles García, celebró ayer una reunión con la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública para buscar una respuesta común de los grupos municipales de Getafe ante la inclusión de dos centros públicos de la ciudad en una lista de esta organización, donde aseguran que se adoctrina a los menores.
Al encuentro, que surgió a propuesta del grupo municipal socialista, asistieron además del PSOE, Podemos y Más Madrid. El resto de grupos municipales no participaron.
En la reunión se propusieron acciones conjuntas, con el fin de mostrar la oposición de la ciudad al veto parental, tal y como se aprobó en el último Pleno. Estas acciones van encaminadas a proteger la capacidad de los centros escolares a organizar actividades que, apoyando el currículo educativo, traten de manera transversal aspectos como la diversidad, la integración, la educación en valores, la ecología, etcétera.
Así, se ha acordado colaborar en acciones que afiancen la función del profesorado y de los equipos directivos, elaborar un modelo de resolución para que sea aprobada por los consejos escolares y expresar de manera tajante ante la Consejería de Educación la oposición al veto parental.