El comité de apoyo a 25 despedidos de la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA) y el comité de empresa han convocado concentraciones junto a los Juzgados de Getafe contra dos juicios penales por las presuntas facturas falsas para cobrar las ayudas sociales del convenio colectivo.
Los convocantes, que quieren la readmisión de los despedidos hace tres años, como se aprobó en tres mociones de Pleno, se darán cita en los Juzgados este martes a las 11.30 horas y el miércoles a las 11 horas, ya que “el Ayuntamiento acusa por lo penal, pidiendo años de cárcel a los despedidos de LYMA”.
La alcaldesa Sara Hernández anunció en febrero de 2017 que el Ayuntamiento actuaría desde el punto de vista penal en este caso al tratarse de la presunta comisión de “hechos delictivos”.
Hernández ya dijo en su día que “se han malversado caudales públicos con facturas, sacando el dinero a los vecinos de Getafe, que con tanto esfuerzo pagamos de nuestros impuestos”.
También afirmó que la realidad es que cualquier autoridad pública que sepa de la comisión de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de la administración de Justicia, “y eso es lo que hemos hecho”.
Asimismo, aseguró sobre las peticiones de varios años de prisión que “las peticiones no las establece el Gobierno municipal, sino un código penal, y hay una figura fundamental en un procedimiento penal como es la fiscalía, que tiene que determinar qué tipo de acusación”.
“Nuestra obligación máxima es la que ya hemos cumplido y es poner en conocimiento de la Justicia estos hechos para que a partir de ahí la fiscalía y el Juzgado correspondiente sea quien determine”, ha concluido.