El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado en el Pleno requerir a la Comunidad de Madrid que participe en las negociaciones de cuarenta familias del barrio de Los Molinos, que residen en viviendas de alquiler de un fondo de inversión, por la posible subasta de los pisos.
En la moción de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Más-Madrid Compromiso por Getafe, que ha salido adelante con la abstención de Vox, se ha acordado “rechazar rotundamente el que las viviendas de protección pública puedan ser objeto de actuaciones especulativas que lo único que consigan es perjudicar a los arrendatarios de las mismas”.
También se ha pedido a las entidades implicadas que mantengan los canales de comunicación con los afectados que permita una solución e impidan que se puedan encontrar en situación de desamparo o desahucio.
Además, han recordado que los vecinos están viendo en peligro sus derechos por la actuación de la promotora y un fondo de inversión titular del crédito hipotecario que pesaba sobre las viviendas.
Asimismo, consideran que se detectaron “claras irregularidades en la suscripción de los contratos por parte de la promotora mientras que el fondo de inversión no ha hecho nada por evitarlo, pudiendo beneficiarse de ello”.
De este modo, las actuaciones de subasta notarial de las viviendas de la promoción iniciadas por el fondo de inversión “se han venido realizando respecto de viviendas vacías, pudiendo continuarse en muy corto plazo con las viviendas ocupadas por los arrendatarios afectados con el consiguiente peligro de desahucio”.
En este sentido, han calificado de “lamentable” que las viviendas de protección oficial no cumplan la función social a la que están dirigidas “y éste está siendo un grosero ejemplo de ello, en el que tales viviendas se utilizan como objeto de negocio especulativo sin que ninguna de las entidades implicadas tenga el menor rubor en llevarlo a cabo”.
Por ello, ven necesario seguir insistiendo en el apoyo a las familias afectadas volviendo a pedir “la máxima colaboración de la Comunidad de Madrid y su implicación en encontrar una solución a estos vecinos arrendatarios de viviendas de protección pública, como último garante que es de los derechos de los usuarios de las viviendas de protección oficial”.
Por último, han exigido “el total compromiso de la promotora, del fondo de inversión y de la gestora en dar respuesta a un problema que ellas han creado y que, a la postre, a los únicos que perjudican es a las familias arrendatarias de las viviendas”.