Según el acuerdo, al que ha tenido acceso EPG, el tribunal ha estimado los recursos de dos empresas que pidieron que se incluya en los pliegos la consideración de ‘servicio de agencias de recaudación de fondos’ por resultar “la más acorde con la prestación principal del objeto contractual”.
Asimismo, se quejaron de que los criterios de solvencia profesional suponen “una transgresión de los principios de la contratación pública de tratamiento igualitario y no discriminatorio, concurrencia y libre competencia”.
Por ello, la convocatoria de la licitación podrá anunciarse nuevamente una vez que se haya modificado el pliego de clausulas administrativas en cuanto a la determinación de los códigos CPV que corresponden al objeto del contrato, y que son un sistema de categorización de las actividades económicas que pueden ser contratadas mediante licitación.
El objetivo del contrato es colaborar con el Órgano de Gestión Tributaria en trabajos que no impliquen ejercicio de autoridad ni la custodia de fondos públicos, para conseguir la mayor eficacia en la cobranza de los tributos, precios públicos y demás recursos municipales, así como la emisión de informes y realización de las actuaciones que sean necesarias para el servicio.