Cs reclama compensaciones para los afectados por la paralización de las obras de 147 viviendas de la EMSV

El grupo municipal de Ciudadanos Getafe ha reclamado medidas compensatorias para los afectados por la paralización de las obras de 147 viviendas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) tras la quiebra de una de las constructoras.

La portavoz de Ciudadanos Getafe, Mónica Cobo, ha mostrado su “indignación” ante lo que considera “una gestión desastrosa del desarrollo de esta promoción que está afectando a muchos vecinos del municipio, que llevan cinco años esperando unas viviendas que iban a ser entregadas en 18 meses tras la adjudicación”.

Cs ha exigido la finalización “inmediata” de las obras y la entrega de las viviendas a los afectados, ya que “esta situación no puede saldarse con la celebración de un Consejo de Administración y una palmadita en la espalda a los vecinos”.

Por ello, quieren “medidas de compensación para los afectados, que ya fueron aprobadas en el Pleno, sin que se hayan llegado a poner en marcha, por lo que se ven perjudicados una vez más”.

La portavoz de Cs ha exigido que “alguien asuma la responsabilidad de esta situación, no sólo de este nuevo retraso, sino de la pésima gestión que ha derivado en que, cinco años después de la adjudicación tan sólo se haya ejecutado un 23% de la obra”.

En su opinión, “el Gobierno Municipal no asume responsabilidades ni se compromete a fijar un plazo de entrega, echando balones fuera diciendo que no es su culpa, pero se les olvida que sí es su responsabilidad”.

La EMSV anunció que el pasado jueves recibió la resolución unilateral del contrato por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria para construir 147 viviendas en dos edificios en El Rosón, conformada por Oca y Oproler.

Además, aseguró que ya venía trabajando en la redacción de unos nuevos pliegos de adjudicación de obras como medida preventiva ante el conocimiento el pasado mes de junio de que una de las empresas de esta UTE, Oproler, había entrado en concurso de acreedores.

También subrayaron que estaban estudiando las circunstancias de esta resolución unilateral del contrato, así como “las posibles consecuencias derivadas de ello para garantizar que las viviendas se construyan lo antes posible, sin que exista ningún perjuicio para sus compradores ni para la propia empresa pública”.