El Ayuntamiento de Getafe ha concedido 4 viviendas municipales de emergencia social durante un año a familias con dificultades, que tendrán que pagar un canon mensual que oscila entre 0 y 33 euros, dependiendo de su situación económica.
Los adjudicatarios deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono, teniendo que destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido su uso por personas distintas sin autorización del Ayuntamiento.
La autorización demanial de ocupación de estas cuatro viviendas, una de ellas situada en un edificio de 45 pisos municipales de la avenida de las Ciudades, se podrá prorrogar hasta un máximo de cuatro años, a propuesta de los Servicios Sociales, que justificarán la necesidad, según el acta de la Junta de Gobierno local al que ha tenido acceso EPG.
Para la concesión de las viviendas se sigue el orden establecido en la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de adjudicación de viviendas municipales para emergencia social, tras requerir documentación a todas aquellas familias que pueden optar a las viviendas y atendiendo a los expedientes e informes que ya tenían previamente abiertos por parte de los trabajadores sociales.
El protocolo de actuación establece que en el momento en que están disponibles viviendas de la unidad administrativa de Patrimonio, se comunica a los Servicios Sociales municipales y se eleva a la Junta de Gobierno la propuesta del inicio de procedimiento de adjudicación de las mismas.
Según la ordenanza, la puesta a disposición de las viviendas conlleva un canon mensual de, como máximo, un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.
No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.