El comité de empresa de la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA) ha convocado este viernes dos concentraciones frente al Ayuntamiento para exigir al Gobierno Municipal la readmisión de 26 trabajadores despedidos hace dos años por presentar facturas falsas para cobrar prestaciones sociales.
Desde CCOO han anunciado en un comunicado que las concentraciones serán a las 11.30 y a las 18.30 horas al considerar que los despidos se produjeron “sin que se dieran plenas garantías de defensa a todas las personas afectadas, en un procedimiento disciplinario en el que no se aplicó el principio de proporcionalidad”.
Al respecto, han agregado que “se impuso a todo el mundo la máxima sanción, el despido, cuando podía haber optado por una suspensión de empleo y sueldo temporal en función de la gravedad de la falta supuestamente cometida, y que tampoco tuvo en cuenta circunstancias atenuantes”.
Además, han señalado que el Gobierno Municipal “negó el derecho de presunción de inocencia de los encausados y se impidió a CCOO ejercer su labor de asesoramiento y representación”.
Asimismo, han recordado que el 12 de septiembre de 2017, tras varias sentencias que obligaban a la empresa a la readmisión de algunos trabajadores, CCOO solicitó por escrito a la alcaldesa la readmisión de las personas despedidas.
“Es un asunto que también se ha tratado varias veces en el Pleno del Ayuntamiento, que en tres ocasiones ha acordado por mayoría absoluta la readmisión, la última vez en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo en la que intervino el presidente del Comité de Empresa de LYMA”, han subrayado.
Sin embargo, el primer teniente de alcalde, Herminio Vico, afirmó en el Pleno que “el proceder ha sido el que a todo dirigente publico se le exige, que es transparencia, diligencia con la justicia y firmeza contra las conductas inadecuadas, pues existe el deber de defender lo público y sus recursos”.
También dijo que se tienen que ajustar a la legalidad, pero se les pide que cometan un delito como gobierno, cuando “es una obligación poner en conocimiento de los órganos judiciales la posible comisión de hechos delictivos”.