El programa de alquiler de viviendas del Ayuntamiento de Getafe solo ha tramitado seis solicitudes de propietarios desde que se puso en marcha en octubre de 2017 a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) para poner a disposición de los vecinos viviendas de particulares que están vacías a través de alquileres sociales con un precio hasta un 30% menor.
Al respecto, el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, ha asegurado que el programa va a seguir activo porque en los últimos seis meses casi han llegado a las 200 solicitudes de arrendatarios, pero “lamentablemente la incertidumbre por parte de los propietarios ha hecho que el número de viviendas que se han podido gestionar no ha llegado nada más que a la media docena”.
Según Rodríguez, querían adaptar este programa de Vivienda Abierta al Real Decreto relativo al alquiler propuesto por el Gobierno central con una serie de mejoras, pero no se llevarán a cabo las modificaciones tras no salir adelante en el Congreso de los Diputados.
En el mismo sentido, la alcaldesa Sara Hernández ha asegurado que la no convalidación de este Real Decreto en el Congreso también va a impedir la elaboración de un censo de viviendas vacías en Getafe y recargar el 50 por ciento el IBI a aquellos inmuebles propiedad de entidades jurídicas que no se ponen a disposición del mercado de alquiler.
La EMSV avisó en julio de 2018 en su web de la suspensión temporalmente de la admisión de solicitudes de arrendatarios para el programa de alquiler de viviendas, ya que la bases del programa contemplan que, dado el alto número de solicitudes presentadas, el plazo queda cerrado de manera provisional hasta que la oferta de viviendas vaya cubriendo el número de solicitudes.
PRECIOS DE MERCADO
Toda la gestión se realiza a través de la EMSV, con el Ayuntamiento respaldando tanto a arrendadores como a arrendatarios, ya que las personas con bajos ingresos no pueden alquilar a los precios del mercado.
Los propietarios reciben la garantía por parte del Ayuntamiento del abono total del alquiler, el pago del certificado de eficiencia energética hasta un máximo de 50 euros, los gastos mensuales de la comunidad de vecinos hasta 30 euros mensuales y la contratación de un seguro que garantice la devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación, salvo el desgaste ordinario de uso (aproximadamente 200 euros).
También pueden acceder a la financiación sin intereses de los gastos por adecuación de la vivienda, si fuera necesario, para el cumplimiento de las cualidades mínimas de la misma o para el pago de deudas de la vivienda con empresas suministradoras, Ayuntamiento o comunidad de propietarios, mediante el anticipo de las rentas hasta un máximo de una anualidad.
Las solicitudes se presentan, tanto por parte de los futuros inquilinos como por parte de los arrendatarios, y se atienden por orden de llegada, para lo cual el Gobierno Municipal había destinado en esta primera experiencia un presupuesto que permitía cubrir al menos 30 viviendas con todas las garantías.