La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha sido llamada a declarar por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Getafe el próximo mes de enero, tras la denuncia de Impulsa Getafe sobre “las irregularidades que se producen desde hace años con los vertidos de aguas residuales sin tratar que se realizan en Perales del Río, y que acaban en el río Manzanares”.
Tras varias denuncias públicas “ignoradas por el Gobierno Municipal”, Impulsa Getafe decidió interponer una querella en los tribunales que fue admitida a trámite por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Getafe, que ha dictaminado que la alcaldesa y su concejal de Sostenibilidad, Jorge Juan Rodríguez, acudan a sede judicial el próximo 9 de enero para que, “previa lectura de sus derechos, sean oídos en declaración en condición de querellados acompañados de sus letrados”.
En la querella, se incide en “el grave daño ambiental que producen estos vertidos de aguas residuales en el río, lo que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos de Perales del Río y al lamentable estado de conservación de uno de los pulmones naturales más importantes de la zona sur de Madrid”.
Además de los daños medioambientales, la Confederación Hidrográfica del Tajo “ha estado multando anualmente, de forma sistemática y por esta razón al Ayuntamiento de Getafe con cantidades que superan ya los 45.000 euros al año, lo que supone un saqueo permanente de las arcas públicas”.
La solución para evitar estos vertidos sería la construcción de una estación de bombeo, la cual ha sido aprobada varias veces por el Pleno de Getafe, “en esas ocasiones que toca votar para la galería, pero que todavía no se ha construido ni parece existir ninguna intención de hacerlo”.
Roberto Benítez, portavoz de Impulsa Getafe, ha lamentado que “conociendo esta situación la totalidad del Pleno Municipal, ningún partido político de Getafe se haya preocupado lo más mínimo por la desastrosa situación en la que se producen esos vertidos en un lugar emblemático y protegido medioambientalmente como es el Parque Regional del Sureste”.
El pasado mes de septiembre, cuando la querella se admitió a trámite, la alcaldesa calificó de “oportunismo político” esta denuncia porque “este gobierno municipal es el único sensible que ha hecho frente a esta situación, así que total y absoluta tranquilidad”.
“Como esta alcaldesa no ha elaborado ninguna tesis universitaria, es la oportunidad que tienen algunos partidos políticos de nueva creación de tener su hueco político y sus cinco minutos de gloria”, subrayó.
Además, recordó que a partir de 2016 se pusieron en marcha para la redacción de un nuevo proyecto para la remodelación de las elevadoras de Perales, pues “antes nadie había movido un dedo en relación con los vertidos con los que hay que acabar a la mayor brevedad posible, pero el proyecto se envió a todas las administraciones responsables y hasta julio de este año no han dado el visto bueno el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, mientras que estamos a la espera de la Confederación Hidrográfica del Tajo”.
Según la alcaldesa, si esta denuncia sirve para que las administraciones competentes den más agilidad al proceso, “es algo muy positivo”, ya que los servicios técnicos ya tienen identificadas las parcelas que hay que expropiar, pero no se puede iniciar hasta que no dé respuesta la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Asimismo, señaló que en 2016 y 2017 el Gobierno hizo propuestas de presupuestos municipales donde incluía más de un millón de euros para la elevadora, pero “siempre han tenido el voto negativo del Pleno por parte de la oposición”.