El Gobierno suspende la modificación que aprobó en 2017 para la tramitación de los contratos menores
La letrada del Ayuntamiento ya dio cuenta hace un mes a la Junta de Gobierno local del auto judicial que estimaba la solicitud de adopción de medida cautelar solicitada por el PP, consistente en la suspensión del acuerdo por el que se aprobaba la instrucción sobre “la interpretación de la base 23ª a), párrafo cuarto de la Ejecución del Presupuesto sobre la tramitación de los contratos menores”.
Según adelantó entonces EPG, la adopción de la medida cautelar “no prejuzga el fondo del asunto, por lo que habrá que esperar a que se dicte sentencia o resolución por la que se ponga fin al procedimiento para levantar la suspensión o adoptar la medida que proceda en su caso”.
Finalmente, ante un nuevo auto del Juzgado, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado miércoles suspender la instrucción sobre la tramitación de expedientes de contratos menores, respetándose la redacción original de la Base 23ª de las de Ejecución del Presupuesto, dándose traslado del acuerdo a los servicios afectados.
De este modo, el Gobierno municipal ha acordado ahora que se realizará la operación previa por parte del Servicio de Contratación, y luego sí se trasladará el expediente a la Intervención General para la prestación de la conformidad señalada en la Base 23ª de las de Ejecución del Presupuesto.
Posteriormente, en caso de conformidad, se procederá al traslado del expediente desde la Unidad administrativa de Intervención a la Unidad administrativa de Contabilidad para la expedición del documento contable y, por último tendrá lugar la firma por el Director de Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería y por el Concejal de Hacienda, Educación y Juventud.
El Gobierno municipal aprobó hace 10 meses una instrucción por la que, en los contratos menores, el expediente se tramitaría debiendo interpretar la mención contenida a la Intervención General como referida al Director de Contabilidad, de Planificación Financiera y de Tesorería, siendo quien daría conformidad a la propuesta.
El pasado mes de abril, el Pleno aprobó una moción de Ahora Getafe, con el voto en contra del Gobierno municipal, para dejar sin efecto esta medida, instando al Gobierno municipal “a cumplir la Ley y la regulación de ámbito municipal, evitando la utilización de artimañas y atajos legales para infringirlos o sortearlos”.
Entonces, el concejal del PP, Antonio José Mesa, recordó que habían impugnado la interpretación de la base 23 en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al entender que se pretende “evitar el control estricto de la Intervención General, creando una figura innecesaria y con un salario más a las espaldas de los ya esquilmados vecinos de Getafe”.
Asimismo, se preguntó sobre los “intereses oscuros para bordear a la Intervención en los contratos menores”. “Esa es la pregunta que nos hicimos y cuya respuesta es la que intentamos parar con nuestras acciones judiciales”, apostilló.
Sin embargo, el concejal de Hacienda, Herminio Vico, afirmó que en los informes de la Asesoría Jurídica y del secretario general del Pleno no se señala “ningún tipo de irregularidad en las actuaciones llevadas a cabo por parte de este gobierno para dar cumplimiento a la estructura organizativa que la ley ha impuesto a los grandes municipios, como es el caso del municipio de Getafe, ya que la ética es carácter distintivo de este gobierno municipal”.
El Gobierno municipal ha suspendido el acuerdo que tomó el pasado 2 noviembre de 2017 por el que modificó la tramitación de los contratos menores en base a las directrices de la jefa de la oficina de la Junta de Gobierno sobre tramitación de expedientes, de fecha 25 de octubre de 2017.
La letrada del Ayuntamiento ya dio cuenta hace un mes a la Junta de Gobierno local del auto judicial que estimaba la solicitud de adopción de medida cautelar solicitada por el PP, consistente en la suspensión del acuerdo por el que se aprobaba la instrucción sobre “la interpretación de la base 23ª a), párrafo cuarto de la Ejecución del Presupuesto sobre la tramitación de los contratos menores”.
Según adelantó entonces EPG, la adopción de la medida cautelar “no prejuzga el fondo del asunto, por lo que habrá que esperar a que se dicte sentencia o resolución por la que se ponga fin al procedimiento para levantar la suspensión o adoptar la medida que proceda en su caso”.
Finalmente, ante un nuevo auto del Juzgado, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado miércoles suspender la instrucción sobre la tramitación de expedientes de contratos menores, respetándose la redacción original de la Base 23ª de las de Ejecución del Presupuesto, dándose traslado del acuerdo a los servicios afectados.
De este modo, el Gobierno municipal ha acordado ahora que se realizará la operación previa por parte del Servicio de Contratación, y luego sí se trasladará el expediente a la Intervención General para la prestación de la conformidad señalada en la Base 23ª de las de Ejecución del Presupuesto.
Posteriormente, en caso de conformidad, se procederá al traslado del expediente desde la Unidad administrativa de Intervención a la Unidad administrativa de Contabilidad para la expedición del documento contable y, por último tendrá lugar la firma por el Director de Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería y por el Concejal de Hacienda, Educación y Juventud.
El Gobierno municipal aprobó hace 10 meses una instrucción por la que, en los contratos menores, el expediente se tramitaría debiendo interpretar la mención contenida a la Intervención General como referida al Director de Contabilidad, de Planificación Financiera y de Tesorería, siendo quien daría conformidad a la propuesta.
El pasado mes de abril, el Pleno aprobó una moción de Ahora Getafe, con el voto en contra del Gobierno municipal, para dejar sin efecto esta medida, instando al Gobierno municipal “a cumplir la Ley y la regulación de ámbito municipal, evitando la utilización de artimañas y atajos legales para infringirlos o sortearlos”.
Entonces, el concejal del PP, Antonio José Mesa, recordó que habían impugnado la interpretación de la base 23 en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al entender que se pretende “evitar el control estricto de la Intervención General, creando una figura innecesaria y con un salario más a las espaldas de los ya esquilmados vecinos de Getafe”.
Asimismo, se preguntó sobre los “intereses oscuros para bordear a la Intervención en los contratos menores”. “Esa es la pregunta que nos hicimos y cuya respuesta es la que intentamos parar con nuestras acciones judiciales”, apostilló.
Sin embargo, el concejal de Hacienda, Herminio Vico, afirmó que en los informes de la Asesoría Jurídica y del secretario general del Pleno no se señala “ningún tipo de irregularidad en las actuaciones llevadas a cabo por parte de este gobierno para dar cumplimiento a la estructura organizativa que la ley ha impuesto a los grandes municipios, como es el caso del municipio de Getafe, ya que la ética es carácter distintivo de este gobierno municipal”.