Condenado a 2 años de prisión uno de los despedidos de LYMA por el caso de las facturas falsas
En concreto son 6 meses de prisión por cada delito de falsedad en documento mercantil y otros 6 meses por cada delito de estafa, según la sentencia del 11 de julio a la que ha tenido acceso EPG.
En la sentencia se indica que “preguntado el acusado sobre su conformidad o disconformidad con los delitos imputados y penas solicitadas por la acusación pública, al haber renunciado al ejercicio de acciones la acusación particular en su día constituida, por él mismo se expresó su total conformidad, considerando su letrado innecesaria la continuación del juicio, ante lo que se dio por terminado el acto”.
Se declara probado que presentó en 2013 una factura a su nombre de una clínica dental de Getafe por importe de 926 euros, que había sido manipulada con el objeto de recibir la prestación social de 600 euros que le correspondía según convenio colectivo, así como otra factura un año después por 800 euros con el mismo motivo.
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, por plazo de tres años, condicionada a que no cometa ningún delito durante ese tiempo
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión a uno de los 25 trabajadores de la empresa municipal de limpieza LYMA despedidos por el caso de las facturas falsas, al considerarle autor de dos delitos de falsedad en documento mercantil y otros dos delitos de estafa.
En concreto son 6 meses de prisión por cada delito de falsedad en documento mercantil y otros 6 meses por cada delito de estafa, según la sentencia del 11 de julio a la que ha tenido acceso EPG.
En la sentencia se indica que “preguntado el acusado sobre su conformidad o disconformidad con los delitos imputados y penas solicitadas por la acusación pública, al haber renunciado al ejercicio de acciones la acusación particular en su día constituida, por él mismo se expresó su total conformidad, considerando su letrado innecesaria la continuación del juicio, ante lo que se dio por terminado el acto”.
Se declara probado que presentó en 2013 una factura a su nombre de una clínica dental de Getafe por importe de 926 euros, que había sido manipulada con el objeto de recibir la prestación social de 600 euros que le correspondía según convenio colectivo, así como otra factura un año después por 800 euros con el mismo motivo.
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, por plazo de tres años, condicionada a que no cometa ningún delito durante ese tiempo