La concejala no adscrita declara en el Juzgado por una adjudicación cuando estaba en el Gobierno municipal
Mónica Cerdá ha manifestado a EPG que su declaración ha sido muy breve porque está “bastante claro todo”, ya que la denuncia del PP “genera confusión”, y ha añadido que no cree que “vaya a nada”.
La denuncia que presentó el PP de Getafe asegura que existe un informe del Área Jurídica de GISA que recomendaba la no adjudicación de la publicación a la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACOEG) debido a que "los fines de la agrupación no guardan relación con el objeto de la presente contratación" y que hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otra empresas o entidades que “estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato".
En opinión del PP, esta guía "vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la citada publicación, pues todos los editores de una obra publicada en formato tangible están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra".
La concejala no adscrita, Mónica Cerdá, ha acudido a declarar ante el titular del Juzgado Número 3 de Getafe como investigada por presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de una Guía de Comercio y Hostelería en su etapa de gestión al frente de la empresa municipal Getafe Iniciativas (GISA).
Mónica Cerdá ha manifestado a EPG que su declaración ha sido muy breve porque está “bastante claro todo”, ya que la denuncia del PP “genera confusión”, y ha añadido que no cree que “vaya a nada”.
La denuncia que presentó el PP de Getafe asegura que existe un informe del Área Jurídica de GISA que recomendaba la no adjudicación de la publicación a la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACOEG) debido a que "los fines de la agrupación no guardan relación con el objeto de la presente contratación" y que hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otra empresas o entidades que “estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato".
En opinión del PP, esta guía "vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la citada publicación, pues todos los editores de una obra publicada en formato tangible están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra".