El comité de apoyo a los 26 despedidos de la empresa municipal de limpieza convoca un acto en el recinto ferial
El acto está previsto a las 19 horas en la plaza del recinto ferial, junto a las casetas del PCE y el POSI, y cuenta con el apoyo de la Unión Comarcal Sur de CCOO, Ahora Getafe, Impulsa Getafe o Iniciativa Comunista, entre otros.
Los afectados consideran que la alcaldesa Sara Hernández “acusa por lo penal a los despedidos de LYMA y les pide años de cárcel”, por lo que el pasado sábado realizaron una protesta durante su intervención desde el balcón del Ayuntamiento en el pregón de las fiestas.
Sin embargo, la alcaldesa Sara Hernández ya manifestó que “la realidad es que cualquier autoridad pública” que sepa de la comisión de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de la administración de Justicia, “y eso es lo que hemos hecho”.
Asimismo, ha señalado que hay una fiscalía y un juez que serán los que tengan que decidir, ya que, “desde luego no va a ser el Gobierno municipal quien decida las sentencias que en su caso se tendrán que imponer”.
Hernández afirmó sobre la petición de varios años de prisión a los despedidos que “las peticiones no las establece el Gobierno municipal, sino un código penal, y hay una figura fundamental en un procedimiento penal como es la fiscalía, que tiene que determinar qué tipo de acusación”.
El comité por la readmisión de los 26 despedidos de la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA) ha convocado un acto este miércoles en el recinto ferial donde se están celebrando la fiestas patronales para apoyar a estos extrabajadores acusados de presentar facturas falsas para cobrar las ayudas sociales del convenio colectivo.
El acto está previsto a las 19 horas en la plaza del recinto ferial, junto a las casetas del PCE y el POSI, y cuenta con el apoyo de la Unión Comarcal Sur de CCOO, Ahora Getafe, Impulsa Getafe o Iniciativa Comunista, entre otros.
Los afectados consideran que la alcaldesa Sara Hernández “acusa por lo penal a los despedidos de LYMA y les pide años de cárcel”, por lo que el pasado sábado realizaron una protesta durante su intervención desde el balcón del Ayuntamiento en el pregón de las fiestas.
Sin embargo, la alcaldesa Sara Hernández ya manifestó que “la realidad es que cualquier autoridad pública” que sepa de la comisión de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de la administración de Justicia, “y eso es lo que hemos hecho”.
Asimismo, ha señalado que hay una fiscalía y un juez que serán los que tengan que decidir, ya que, “desde luego no va a ser el Gobierno municipal quien decida las sentencias que en su caso se tendrán que imponer”.
Hernández afirmó sobre la petición de varios años de prisión a los despedidos que “las peticiones no las establece el Gobierno municipal, sino un código penal, y hay una figura fundamental en un procedimiento penal como es la fiscalía, que tiene que determinar qué tipo de acusación”.