El Ayuntamiento recaudó 46.068 euros en 2017 en cuotas cobradas a familias en emergencia social que residen en un edificio de 45 viviendas, situado en la avenida de las Ciudades, unos 4.000 euros más que en el ejercicio anterior.
El importe recaudado es la contraprestación al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la cesión de estas viviendas en virtud del convenio suscrito por ambas entidades el 25 de noviembre de 2013 para cambiar su uso, ya que se construyeron como pisos tutelados para mayores, pero nunca se llegaron a destinar a tal fin y se encontraban en estado de abandono.
De este modo, la Junta de Gobierno local ha aprobado reconocer el pago a favor del IVIMA de 46.068 euros en concepto del canon recaudado en estas viviendas durante el pasado año.
El proceso de adjudicación de las viviendas para familias en emergencia social en este edificio de la avenida de las Ciudades comenzó en junio de 2014 a través de una comisión municipal y conlleva un canon mensual del 30 por ciento de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.
No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán poner un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.
La duración del alojamiento es de un año a partir de la formalización del documento administrativo a suscribir, pero la estancia se podrá prorrogar por períodos iguales hasta un máximo de cuatro años a propuesta de los Servicios Sociales justificando la necesidad.
ANTIGUO CONTENCIOSO
El edificio pertenece a un antiguo proyecto de pisos tutelados para mayores que se inició en 2002 tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el IVIMA, aunque posteriormente ambas instituciones se acusaron mutuamente de haberlo incumplido y no se pusieron de acuerdo sobre el pago de la obra, lo que provocó retrasos para la puesta en marcha de las viviendas tras finalizarse su construcción en 2008.
La Comunidad de Madrid pidió al Ayuntamiento de Getafe, durante la etapa de gobierno de Pedro Castro, que abonase 2,6 millones de euros que adeudaban a la empresa constructora por el coste de cimentación de las obras más el precio de 147 plazas de garaje, de un total de 215, pero desde el Gobierno local se negaron a hacer efectivo el pago hasta que no se procediera a la descalificación de las plazas como equipamiento social.