La Policía local de Getafe ha detenido a un varón por insultar, negarse a identificar y "azuzar" a los agentes el perro potencialmente peligroso que llevaba suelto y sin bozal en un parque.
Según ha informado este martes la Policía local, el perro ha sido trasladado a la protectora Asociación para la Asistencia y Terapia con Animales (HYDRA) al no localizar a su propietario.
Además, han recordado a través de su perfil en la red social Twitter que lo único que necesitan los perros para ser perfectos es tener un dueño responsable.
El Ayuntamiento impulsó en octubre de 2016 una campaña de control del cumplimiento de la Ordenanza de Medio Ambiente en lo que respecta al control de perros potencialmente peligrosos, por la que la Policía local, se encargaba de vigilar de forma exhaustiva que estos animales lleven el bozal correspondiente y que cuenten con la documentación requerida, tal y como marca la ordenanza.
También, de forma paralela, se llevaban a cabo controles para que los perros vayan atados en la vía pública. A través de esta campaña se recuerda que la tenencia de un animal potencialmente peligroso requiere la obtención previa de una licencia administrativa otorgada por la delegación de medio Ambiente del Ayuntamiento.
A partir de la obtención de la licencia, el titular cuenta con un plazo de 15 días para solicitar la inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligroso, del Ayuntamiento.
La ordenanza marca que los animales peligrosos deben llevar bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente, de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos bajo ninguna circunstancia.
Las infracciones graves relativas a animales potencialmente peligrosos se sancionarán conforme a la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Las sanciones aplicables van desde los 750 euros para las infracciones leves, hasta los 3.000 euros para las muy graves.
Además, la autoridad municipal procederá a la intervención cautelar y traslado al Centro de Protección Animal de cualquier animal considerado potencialmente peligroso, cuando su propietario no cumpla con las medidas marcadas en la Ordenanza.