El Gobierno municipal ha aprobado el proyecto de Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo municipal, que deberá ser ratificado inicialmente en el Pleno de este jueves, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que es de carácter obligatorio, pero hasta el momento no se había establecido en la ciudad.
La alcaldesa Sara Hernández ha explicado este miércoles que se trata de un órgano que se integra en la propia Administración pública, actuando con “total independencia funcional” y separación de los órganos de la administración encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones tributarias, lo que garantiza “la imparcialidad de sus decisiones y la garantía de los contribuyentes a una resolución más ajustada a derecho”.
De esta manera, se “abarata y agiliza” la defensa de los derechos de los ciudadanos, reduciendo “la conflictividad” en la vía contencioso-administrativa, hecho que además “debería permitir aliviar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales”.
La vía económico-administrativa presenta “ciertas ventajas para el ciudadano” frente a otras vías de impugnación, ya que la decisión corresponde a “un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó”.
En ciertos casos, por razón de la cuantía, resolverá un órgano colegiado, lo que le otorga “mayor probabilidad de acierto”, ya que los miembros del Tribunal han de ser necesariamente reconocidos expertos en materia tributaria, por lo que se firmará un convenio con expertos de la Universidad Carlos III.
Este Tribunal es un procedimiento gratuito para el ciudadano, aunque pueda ser objeto de costas cuando se aprecie temeridad o mala fe, y no requiere asistencia jurídica, pero “nada impide que voluntariamente el ciudadano se acompañe o asesore por un abogado”.