Entra en vigor el reglamento de participación

El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana entra en vigor tras publicarse en el BOCM

El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana ha entrado en vigor, tras publicarse este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), por lo que en el plazo de un año se deberá nombrar y adaptar el Consejo Social de la Ciudad. 

Este consejo debatirá y emitirá informes, estudios y propuestas en materia de los grandes temas que interesen al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo por el Ayuntamiento Pleno sobre estas materias.

Al respecto, se consideran, temas de especial trascendencia las políticas de empleo, fiscal, presupuestaria, de desarrollo urbanístico y sostenible de la ciudad y de bienestar social.

Además, nombrará un Comité Ético para promover los buenos estándares de conducta, especialmente en la contratación de personal, obras y servicios, así como recibir las quejas de los vecinos en torno al comportamiento de los servidores públicos en relación con el código de conducta.

Según este reglamento, los nuevos consejos sectoriales o asambleas sectoriales deberán nombrarse en el plazo de tres meses y responderán a la necesidad de establecer espacios de participación, no solo a nivel territorial, sino en las grandes áreas de actuación municipal, desde la concepción de la participación como elemento transversal a todas las políticas municipales.

Además, los Presupuestos Participativos cuentan en el nuevo reglamento con un título propio y se incorporan como compromiso obligado en el desarrollo de políticas de participación ciudadana en Getafe, entendido como proceso de democracia directa, voluntaria y universal, que permita discutir y decidir sobre una parte de los recursos y las políticas públicas.

También se regulan el derecho de petición, derecho de consulta popular, que tendrá un carácter vinculante, el derecho a la iniciativa popular, a la audiencia pública y se establece la obligatoriedad de celebrar un Pleno Extraordinario anual sobre el Estado de la Ciudad.