El Ayuntamiento de Getafe elaborará otro proyecto para el teatro de la calle Madrid, cuyas obras llevan nueve meses paralizadas, por deficiencias en el que fue aprobado por el anterior Gobierno, y rescindirá el contrato con la empresa constructora Dragados, que fue la adjudicataria de los trabajos por 2,4 millones de euros en 2014.
Al respecto, la alcaldesa Sara Hernández ha señalado en rueda de prensa que así se ha aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno local, ya que se trata “de una obligación legal porque la redacción original del proyecto requería unas modificaciones superiores al 26% del mismo para poder continuar las obras, lo que es superior al límite legal que establece la ley”.
Hasta el momento, tan sólo se ha ejecutado el 22% de las obras del teatro, que no se tendrán que derruir, y la redacción del nuevo proyecto, “que tampoco tendrá caprichos estéticos”, contará con la participación ciudadana, en este caso a través de las propias asociaciones y colectivos culturales de Getafe.
Hernández también ha asegurado que el teatro estará finalizado en 2017 y que no se ha perdido un solo euro de la subvención europea que se contemplaba para esta infraestructura cultural ya que, tras una modificación del convenio FEDER, se podrá utilizar el dinero para otras instalaciones culturales.
La alcaldesa ha recordado que el 26 de enero de 2015, la dirección facultativa informó al anterior Gobierno de la necesidad de aprobar nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto, tras realizarse los trabajos de excavación y cimentación, al encontrar una estructura muy antigua.
Además, ha indicado que el 18 de marzo de 2015 la dirección facultativa presentó al Ayuntamiento un informe sobre la necesidad de modificar el proyecto en aspectos como la normativa de seguridad, de seguridad contra incendios, ruido o ajuste de visibilidad del patio de butacas y el anfiteatro, así como en el replanteo de la estructura, pero “el anterior Gobierno tampoco tomó ninguna medida”.
Con el actual Gobierno Municipal, en julio de 2015, se suspendieron las obras porque la propia empresa así lo solicitó “por falta de pago del Gobierno del PP de las certificaciones de los trabajos realizados hasta ese momento, que fueron aprobadas posteriormente en el Pleno de diciembre de 2015 por un importe de 740.000 euros”.