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Piden paralizar la privatización del Canal Isabel II

El Ayuntamiento aprueba reclamar la paralización y reversión del proceso de privatización del Canal de Isabel II




El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado en el Pleno una moción de Ahora Getafe, PSOE, IU y Ciudadanos, con la abstención del PP, para solicitar a la Comunidad de Madrid la paralización definitiva de la privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos de la Ley que posibilitaron dicho proceso, así como su reversión. 


Esto implicaría la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público, según la moción aprobada en el Pleno.

Asimismo, se ha acordado instar a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de ley que establezca un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua, basado en una gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente y sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua y que sea respetuosa con las competencias municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir en las decisiones.


Además, el Ayuntamiento quiere que se dé la máxima importancia a la participación ciudadana en el control de la gestión del Canal de Isabel II, a través de un Observatorio del Agua, mientras que en la elaboración de la Ley pide la participación a los ayuntamientos.

Por último, reclaman que se haga efectiva la garantía de acceso a una dotación mínima para cada ciudadano, así como asumir la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados social y económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo caso, tanto por el Canal de Isabel II y Canal Gestión.


El Ayuntamiento de Getafe suscribió el 27 de junio de 2012 con la Comunidad de Madrid un convenio para su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, que supuso su entrada como accionista y la firma obligada del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano, que se firmó en Madrid, “cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación y ponen al Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima”.

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