El TSJM ratifica la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 3,7 millones a una empresa constructora por los pisos tutelados
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid estimó, en parte, en abril de 2014 el procedimiento interpuesto por Fercaber Construcciones contra la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) y el Ayuntamiento en reclamación de facturas por 3,1 millones de euros más 600.000 euros de intereses.
Sin embargo, el Ayuntamiento presentó un recurso, que ha sido ahora desestimado por el TSJM, porque no compartía que debía abonar el coste de las 68 plazas de aparcamiento que son dotación de las 45 viviendas tuteladas construidas sobre el mismo, “pues la ejecución de los pisos corresponde al propietario o promotor, debiendo éste asumir su coste”, ya que de lo contrario supondría “un enriquecimiento injusto para el mismo y un empobrecimiento para este Ayuntamiento”,
La sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso EPG, considera que el fallo en primera instancia valoró correctamente la prueba documental aportada por las partes, y obrante en el expediente administrativo, para concluir que el costo de las 68 plazas dotacionales que pasan a ser propiedad del IVIMA tiene que ser abonado por el Ayuntamiento, según consta en el convenio firmado en 2004.
“No podemos apreciar la existencia de enriquecimiento injusto alguno al derivar la obligación de un pacto incluido en un convenio que es una operación compleja con varias partes, diversos tipos de obligaciones y diversas formas de contraprestación de tales obligaciones para cada parte, que debieron de ser tenidas en cuenta por los suscribientes del convenio”, según la sentencia.
El TSJM también ha rechazado la alegación del Ayuntamiento por la que no compartía que tuviera que abonar 589.560 euros correspondientes al porcentaje de cimentación y estructura imputable a dichos garajes porque entendía que esta cantidad está incluida en los 2 millones de euros, que es el coste de la obra de construcción del aparcamiento completo.
ENFRENTAMIENTO CON EL IVIMA
El proyecto de construcción de 45 pisos tutelados para mayores se inició en 2004 tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el IVIMA, que posteriormente ambas entidades se acusaron mutuamente de haber incumplido, lo que provocó que el edificio y el aparcamiento estuviesen cerrados una vez finalizadas las obras en 2007.
La Comunidad de Madrid pidió al Ayuntamiento de Getafe, durante la etapa de gobierno del alcalde Pedro Castro, que abonase 2,6 millones de euros que adeudaban a la empresa constructora por el coste de cimentación de las obras más el precio de las 147 plazas de garaje, de un total de 215, pero desde el Gobierno local se negaron a hacer efectivo el pago hasta que no se procediera a la descalificación de las plazas como equipamiento social.
El entonces gerente del IVIMA, José Antonio Martínez Páramo, que visitó los apartamentos en abril de 2010, afirmó que el edificio disponía de 215 plazas de garaje de las que 65 están vinculadas a los pisos tutelados por lo que el Consistorio tenía que abonar las 147 plazas restantes.
Martínez Páramo ya anunció en aquellas fechas que la empresa constructora había iniciado un procedimiento de demanda contra el Ayuntamiento para exigirle el pago de las cantidades adeudadas.
“Han provocado la quiebra de la constructora, ya que Fercaber nos ha hecho constar que esto ha sido lo que ha colmado el vaso, pues hay otras obras paralelas, ajenas al convenio, por valor de medio millón de euros que tampoco han pagado”, señaló entonces.
Finalmente, el exalcalde de Getafe, Juan Soler, y la que fuera directora del IVIMA, Ana Gomendio, firmaron en noviembre de 2013 un convenio para cambiar el uso de los 45 pisos tutelados para mayores de la avenida de las Ciudades con el fin de adjudicarlos a personas en emergencia social.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia de primera instancia que condenó al Ayuntamiento de Getafe a pagar 3,7 millones de euros a la empresa constructora Fercaber por la reclamación del abono de facturas e intereses de demora en relación a la obra de construcción de un edificio de 45 pisos tutelados y un aparcamiento.
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid estimó, en parte, en abril de 2014 el procedimiento interpuesto por Fercaber Construcciones contra la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) y el Ayuntamiento en reclamación de facturas por 3,1 millones de euros más 600.000 euros de intereses.
La sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso EPG, considera que el fallo en primera instancia valoró correctamente la prueba documental aportada por las partes, y obrante en el expediente administrativo, para concluir que el costo de las 68 plazas dotacionales que pasan a ser propiedad del IVIMA tiene que ser abonado por el Ayuntamiento, según consta en el convenio firmado en 2004.
“No podemos apreciar la existencia de enriquecimiento injusto alguno al derivar la obligación de un pacto incluido en un convenio que es una operación compleja con varias partes, diversos tipos de obligaciones y diversas formas de contraprestación de tales obligaciones para cada parte, que debieron de ser tenidas en cuenta por los suscribientes del convenio”, según la sentencia.
El TSJM también ha rechazado la alegación del Ayuntamiento por la que no compartía que tuviera que abonar 589.560 euros correspondientes al porcentaje de cimentación y estructura imputable a dichos garajes porque entendía que esta cantidad está incluida en los 2 millones de euros, que es el coste de la obra de construcción del aparcamiento completo.
ENFRENTAMIENTO CON EL IVIMA
El proyecto de construcción de 45 pisos tutelados para mayores se inició en 2004 tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el IVIMA, que posteriormente ambas entidades se acusaron mutuamente de haber incumplido, lo que provocó que el edificio y el aparcamiento estuviesen cerrados una vez finalizadas las obras en 2007.
El entonces gerente del IVIMA, José Antonio Martínez Páramo, que visitó los apartamentos en abril de 2010, afirmó que el edificio disponía de 215 plazas de garaje de las que 65 están vinculadas a los pisos tutelados por lo que el Consistorio tenía que abonar las 147 plazas restantes.
Martínez Páramo ya anunció en aquellas fechas que la empresa constructora había iniciado un procedimiento de demanda contra el Ayuntamiento para exigirle el pago de las cantidades adeudadas.
“Han provocado la quiebra de la constructora, ya que Fercaber nos ha hecho constar que esto ha sido lo que ha colmado el vaso, pues hay otras obras paralelas, ajenas al convenio, por valor de medio millón de euros que tampoco han pagado”, señaló entonces.