El Ayuntamiento desiste del procedimiento judicial por el ‘caso Jeromín’ que inició el Gobierno del PP
Los populares han explicado que el ‘caso Jeromín’ surgió en el marco de una subvención pública de 130.000 euros concedida en 2009 por el Gobierno municipal del PSOE, del que era concejal de Deportes, Angel Bustos, al Club de Baloncesto Getafe Beta, presidido por Enrique Macías, y se gastó 54.270,05 euros (el 41% de la ayuda) en tres comilonas multitudinarias”.
“Los ágapes multitudinarios se organizaron, al parecer, en el bar Jeromín, cuyo aforo era de 14 personas en la planta baja (19,55 metros cuadrados) y de 20 personas en la superior (35,30 metros cuadrados)”, han afirmado.
El portavoz del PP, Juan Soler, ha exigido este viernes que Sara Hernández “dé explicaciones y diga por qué protege más a sus exconcejales sospechosos y a sus actuales asesores que al patrimonio municipal, que es de todos los ciudadanos”.
Durante la legislatura pasada, el Ayuntamiento presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción de Getafe contra Enrique Macías y contra Mariano Ganancias, antiguo asesor del PSOE, por posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental contra la hacienda pública y tráfico de influencias. También contra Ángel Bustos por posibles delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación.
El Juzgado de Instrucción admitió a trámite la querella y luego imputó, entre otros, a Enrique Macías, pero archivó las actuaciones contra Bustos, aunque el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que finalmente revocó el auto del Juzgado e imputó también a Bustos al entender que “no es posible excluir la posible colaboración y responsabilidad de Bustos en las acciones delictivas que se atribuyen a los otros imputados en relación a la subvención concedida”.
En opinión de PP, Sara Hernández, “con el ánimo de encubrir a sus imputados por corrupción, ha dado orden entreverada a la concejalía responsable de los asuntos jurídicos del Ayuntamiento de desistir del procedimiento del ‘caso Jeromín’, lo que implica un grave daño al esclarecimiento de la verdad”.
“Además, significa que la alcaldesa impide depurar responsabilidades políticas y penales”, han concluido.
Sin embargo, el PSOE siempre defendió cuando estaba en la oposición que los hechos denunciados “siguieron en todo momento el procedimiento legal, destinándose y justificándose la subvención recibida conforme a los criterios establecidos por la Ley de Subvenciones”.
El Ayuntamiento de Getafe ha desistido del procedimiento judicial por el llamado ‘caso Jeromín’ que interpuso durante la pasada legislatura el anterior Gobierno municipal del PP contra dos concejales socialistas.Según el PP, la alcaldesa Sara Hernández “quiere encubrir a sus imputados por corrupción en el ‘caso Jeromín’ “después de que el Gobierno municipal haya ordenado desistir de la investigación, ya que afecta directamente al que fuera concejal del PSOE y actual asesor del Gobierno municipal, así como al exedil socialista Enrique Macías”.
“Los ágapes multitudinarios se organizaron, al parecer, en el bar Jeromín, cuyo aforo era de 14 personas en la planta baja (19,55 metros cuadrados) y de 20 personas en la superior (35,30 metros cuadrados)”, han afirmado.
El portavoz del PP, Juan Soler, ha exigido este viernes que Sara Hernández “dé explicaciones y diga por qué protege más a sus exconcejales sospechosos y a sus actuales asesores que al patrimonio municipal, que es de todos los ciudadanos”.
El Juzgado de Instrucción admitió a trámite la querella y luego imputó, entre otros, a Enrique Macías, pero archivó las actuaciones contra Bustos, aunque el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que finalmente revocó el auto del Juzgado e imputó también a Bustos al entender que “no es posible excluir la posible colaboración y responsabilidad de Bustos en las acciones delictivas que se atribuyen a los otros imputados en relación a la subvención concedida”.
“Además, significa que la alcaldesa impide depurar responsabilidades políticas y penales”, han concluido.
Sin embargo, el PSOE siempre defendió cuando estaba en la oposición que los hechos denunciados “siguieron en todo momento el procedimiento legal, destinándose y justificándose la subvención recibida conforme a los criterios establecidos por la Ley de Subvenciones”.