Afectados por impago de ayudas ascensores entregan 2.532 firmas pidiendo una reunión con el consejero de Vivienda
Vecinos de Getafe afectados por el impago de las subvenciones para la instalación de ascensores han solicitado formalmente y de manera urgente una reunión con el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, tras entregar este martes 2.532 firmas en la sede de la Consejería en la calle Maudes.
Las rúbricas apoyan una solicitud de reunión con el consejero al que pedirán un compromiso firme sobre la tramitación de las solicitudes de ayudas presentadas para la instalación de ascensores, así como el pago de las subvenciones ya reconocidas por la Comunidad de Madrid.
Los vecinos, que han estado acompañados por la candidata del PSOE a la Alcaldía de Getafe, Sara Hernández, llevan esperando desde el año 2009 el pago de las ayudas reconocidas, así como una respuesta a las solicitudes de subvenciones que, según dicen, fueron “comprometidas, concedidas y anunciadas por el Gobierno regional y cuyas condiciones y cuantía fueron modificadas a posteriori, de forma completamente unilateral”.
Al respecto, el Pleno municipal de Getafe aprobó el pasado mes de diciembre por unanimidad una moción del PSOE instando al Gobierno local a que proceda a habilitar una aplicación presupuestaria para ofrecer una línea de ayudas a las comunidades de propietarios para afrontar los gastos de defensa y representación que procedan al reclamar ante los tribunales su derecho al cobro de las subvenciones.
Según los socialistas, la Comunidad de Madrid aplica a los vecinos afectados y de forma retroactiva una ley de 2012, con lo que comienza a realizar pagos parciales con un importe máximo de 15.000 euros, “a pesar de que las cantidades comprometidas y concedidas ascendiesen hasta los 50.000 euros”.
Asimismo, ha recordado que ante tal situación los afectados presentaron hace más de un año cerca de 1.100 quejas en las oficinas del Defensor del Pueblo que emitió un informe “en el que quedó patente la mala fe del Ejecutivo autonómico al probarse que no existía dotación presupuestaria para la ejecución del Plan de Rehabilitación 2009-2012, en el que se incluían las ayudas para la instalación de ascensores”.
También se indicó en el informe la falta de información proporcionada a los ciudadanos o el “limbo procedimental en el que se encuentran muchas de las solicitudes de subvención al no haberles informado sobre el estado de su tramitación y tampoco haberles comunicado su denegación”.
Con el informe de la oficina del Defensor del Pueblo en la mano, las comunidades de propietarios afectadas por los impagos decidieron reclamar en los tribunales porque “se trata de vecinos que en su mayoría tienen escasos ingresos y que ya están haciendo frente al pago de los préstamos personales que tuvieron que solicitar para acometer las obras de instalación de ascensores bajo la promesa de una futura subvención que no ha llegado”.