IU solicita al Gobierno local que tome medidas tras el despido de dos trabajadores en la piscina Getafe Norte
A.C.
Izquierda Unida de Getafe ha solicitado al Gobierno municipal que tome medidas tras el despido de dos nuevos trabajadores por parte de la empresa concesionaria del complejo acuático Getafe Norte, según han denunciado desde el comité de empresa.
IU ha señalado que “es un nuevo ataque contra los trabajadores por parte de Forus, la concesionaria que se ha basado en un presuntos motivos disciplinarios para hacer efectivos los despidos y seguir con su política de reducción de personal, que tan sólo perjudica a los usuarios de esta instalación pública”.
Por ello, han pedido al Gobierno municipal una explicación por lo que consideran “una nueva agresión a los derechos de la plantilla de un centro público y que tome medidas para que desde Forus se cumplan las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones”.
En este sentido, Izquierda Unida ha exigido al concejal de Deportes, Pablo Martínez, que haga cumplir los pliegos del concurso de adjudicación y reclame a la empresa concesionaria la presencia del personal necesario para garantizar un correcto servicio para los usuarios del complejo acuático.
Precisamente, la Junta de Gobierno local aprobó en diciembre de 2013 la creación de una comisión de seguimiento y control del contrato suscrito en agosto de 2012 con la empresa adjudicataria de la piscina Getafe Norte para exigir su estricto cumplimiento.
La comisión se aprobó después de que en un Pleno municipal saliera adelante una moción de IU, con el apoyo del resto de los grupos a excepción del PP, instando al Gobierno local a que obligue a la empresa concesionaria al cumplimiento de los pliegos de condiciones del complejo acuático Getafe Norte y a que se readmita a los trabajadores despedidos el pasado año.
Al respecto, el concejal de Deportes recordó entonces que el pliego marcaba la puesta en marcha de la comisión de seguimiento del contrato y que desde el primer día de la concesión se han establecido mecanismos de atención al usuario y de interlocución con la empresa.
También dijo que en las instalaciones había “una plantilla sobredimensionada de forma casi hiriente, ya que una piscina en otros municipios de características similares se gestiona con 25 ó 30 personas, y aquí con más de sesenta”.
El Gobierno municipal sacó a concurso el complejo acuático en junio de 2012 tras advertir que si no se presentaban empresas se cerrarían las instalaciones por su alto coste de mantenimiento, ya que acumulaba un déficit de 2 millones de euros.
Por su parte, los trabajadores realizaron movilizaciones en 2013 en protesta por varios despidos y para solicitar al Gobierno local la remunicipalización de las instalaciones.