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PLENO

El Ayuntamiento colaborará en el programa de mediación intrajudicial de la Universidad Carlos III


Álex Castellano

El Ayuntamiento de Getafe firmará un convenio con la Universidad Carlos III para colaborar en los gastos que supone el mantenimiento del Programa de Mediación Intrajudicial en los Juzgados de Getafe, tras aprobar por unanimidad en el Pleno municipal una moción del PSOE en ese sentido.


El Ayuntamiento ya contribuyó en 2010 con la cantidad de 6.000 euros en los inicios de este programa que tiene por objeto ayudar a la implantación de la mediación en aquellos juzgados y tribunales que conocen de procesos en los ámbitos civil y penal y cuyos beneficios repercuten en los ciudadanos de Getafe. 
La mediación intrajudicial es una nueva forma de actuación en los Tribunales de Justicia que implica el que se trabaje para que, aun dentro de un proceso contencioso, se de la oportunidad a las partes de llegar a una solución consensuada por ellos con la ayuda de un tercero, o al menos se consiga reducir las materias en discordia o sirva para pacificar el conflicto entre ellos, lo que contribuye notablemente a mejorar la calidad de respuesta que se da desde el sistema judicial de conflictos. 
Según el PSOE, pese a que no se ha procedido a la prórroga del citado convenio por parte de actual Gobierno municipal, el servicio de mediación intrajudicial sigue prestando sus servicios en los Juzgados de Getafe, “con bastante aceptación por parte de los usuarios del mismo y sin ninguna colaboración económica por parte del Ayuntamiento de Getafe”. 
“Desde el año 2011 se ha intentado por parte de la Universidad Carlos III que el Ayuntamiento siga colaborando con este Programa de Mediación Intrajudicial y tras algunas reuniones siempre han obtenido una respuesta negativa, de manera que el servicio actualmente sigue funcionando sin la colaboración económica del Ayuntamiento”, han agregado.
Asimismo, los socialistas han indicado que este proyecto, que cuenta con el apoyo del Decano de los Juzgados de Getafe, genera unos gastos que no pueden ser sufragados, con el subsiguiente riesgo de que pueda desaparecer un servicio que en los últimos tres años ha tramitado un centenar de casos, “de los que más del 90 por ciento han sido cerrados con éxito, lo que ha ayudado a la convivencia de las partes implicadas”.

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