Ossorio dice en Getafe que la Consejería de Sanidad tiene que ahorrar 130 millones por la suspensión de la externalización
Álex Castellano
Ossorio ha señalado, después de asistir a un acto en Getafe, que el presupuesto de la Comunidad de Madrid ya partía de esa doble posibilidad, ya que “no se sabía en aquellos momentos qué decisiones iban a tomar los tribunales, y contemplaban las dos posibilidades”.
Asimismo, ha indicado que el presupuesto de Sanidad de este año son 130 millones de euros menos que el ejercicio anterior, “que hubiese salido de manera natural del ahorro que se producía por la cápita que se pagaba en esos hospitales como consecuencia de lo concursos”.
“Dado que esto no se va a producir, la Consejería de Sanidad tiene que ahorrar esos 130 millones para conseguir tener el presupuesto para el mismo gasto que tuvo el año pasado, y viendo la trayectoria de la Consejería de Sanidad desde el año 2011, ha rebajado de una manera muy sustancial el gasto sin rebajar el servicio que presta a los ciudadanos”, ha agregado.
Según el consejero de Economía, este año “lo que hay que hacer es implantar nuevas medidas de centralización de compras para lograr ahorrar esos 130 millones de euros, y se puede conseguir”.
En referencia a la indemnización a las empresas, Enrique Ossorio, ha apuntado que tendrán que analizar el auto judicial “y ver los procedimientos de contratación y cuál sería esa situación”.
SOLER: “UN ERROR DEL PODER JUDICIAL”
Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha manifestado que lo ocurrido “es un error del poder judicial, ya que la reforma iba en el sentido de intentar sostener la Sanidad Pública”.
“Se ha hecho muchísima demagogia, la sanidad estaba garantizada como pública y gratuita, pero con una forma diferente de gestión, y no entiendo que se condicionen las funciones estrictas del Ejecutivo desde el Judicial, pues puede haber un conflicto de separación de poderes que consagra la Constitución”, ha subrayado.
En su opinión, en el auto del TSJM no había problemas de legalidad, sino de oportunidad política, “cosa en la que no debe entrar el poder judicial”.